Los informes financieros de los hospitales Universitario, Casa del Niño, Maternidad Rafael Calvo y ESE Cartagena de Indias, muestran la vulnerabilidad asistencial de atención a la población.
Esto motivó a que el Ministerio de Hacienda solicitara los planes de saneamiento fiscal y financiero, sin que ello se convierta en un blindaje contra las complicaciones y muertes por la carencia de servicios oportunos de especialistas, materiales, insumos y equipos óptimos requeridos.
Cuando se necesita una explicación, siempre se descansa en el pago inoportuno y acumulado de las EPS a estos hospitales que muchas veces, están al servicio de la población pobre y vulnerable de la ciudad, sin opción de ser amparados por una póliza de seguros o tener el servicio de medicina prepagada.
¿Dónde radica el problema si el Gobierno legisló sobre el cobro directo al ministerio de Salud para evitar estos atrasos? Valdría la pena que esa cartera publicara las transferencias consecutivas que hace a las EPS relacionando la fecha de cobro, glosas efectuadas y cancelación de los recursos, y en la misma medida las EPS lo hicieran con estos hospitales públicos para al fin tener argumentos e identificar el problema. Igualmente, sería interesante conocer los oficios de los hospitales a la superintendencia y el llamado de ella a cumplir el deber.
No queremos soportar más intervenciones de hospitales y EPS, que a través de la historia en Colombia, se dice que algunas no dan los resultados esperados en la prestación de servicios; sumándose un eco de pasillos donde para hacer efectivo los pagos acumulados no solo basta el impuesto legal, sino una tasa personal convenida.
A lo anterior se suma que el Gobierno, según Resolución 3778 del 2011, dijo que “la población pobre no asegurada (PPNA), que no se encuentra afiliada a los regímenes contributivo y subsidiado y que tampoco está cubierta por los regímenes especiales y de excepción sería censada y atendida”, para lo cual destinó a nuestra ciudad, $7 mil millones para 12 mil beneficiarios.
Siendo comprensivos con su situación, los 25.000 hermanos venezolanos en Cartagena, amparados por la circular 025 de 2017 del Gobierno nacional bajo la figura de permanencia temporal, hacen que estos recursos (PPNA) sean insuficientes. Basta con ver las cifras de la demanda de servicios y facturación a la primera infancia, adolescentes, embarazadas y ancianos; ahí encontramos una importante participación de la Casa del Niño.
Tenemos que darles la mano a nuestros vecinos de Venezuela, que un día nos abrieron las puertas de su país y nos brindaron oportunidades, pero el Gobierno nacional debe replantear el ajuste de recursos PPNA para que estos hospitales tengan viabilidad financiera, y revisar juiciosamente el pago para ellos de parte de las EPS.
*Concejal de Cartagena
COLUMNA DEL CONCEJO
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