Cuando se analiza el fracaso financiero de los transportes masivos en el país, nos preguntamos si se deberá a la mala planificación por desconocimiento, o a complicidad para favorecer a terceros.
La “tarifa técnica”, sumatoria promediada de costos (mantenimiento, combustible, lubricantes, llantas, seguros, parqueos, salarios y prestaciones entre otros) creada para proteger al sistema, debería revisarse públicamente, ya que no puede ser inferior al porcentaje de la tarifa de pasajero recaudada por un consorcio y pagada mediante una fiducia a los operadores y demás actores. Ahora, si el sistema cobra por persona y paga por kilómetro recorrido no importando viajes y distancia, jamás sería deficitario para el operador, ya que en caso de pérdidas, el Distrito respondería por los recursos, además, no hay garantía para la competitividad del sistema.
Dada la falta de vías en los barrios que solo tienen este medio de transporte, los modernos buses del sistema que reemplacen a los ‘chatarrizados’ seguirían obstaculizando la movilidad, en una malla vial donde escasamente pueden transitar vehículos livianos como automóviles y motos.
Transcaribe ha tenido muchas imprecisiones y ha tenido varios debates en el Concejo que siguen durmiendo el sueño de los justos. Compra de terrenos para vías, construcción y uso del Patio portal, estaciones, consorcio recaudador de las tarifas, denuncias sobre supuesta mafia de la ‘chatarrización’ que paga primero a compradores de cupos, oportunidad de servicio, estado de los buses y pago a operadores por más vehículos de los que registran; son algunas de las discusiones en el cabildo sin que ello solucionara la problemática por varias administraciones.
El incremento de la tarifa en 9,8% por encima del 5,9 del IPC es tan mortal para la economía de la ciudad que obliga tácitamente y por sugerencia del estudio a subir los demás transportes públicos con los mismos puntos porcentuales para no hacer vulnerable el SIMT en la competitividad.
Aquí los contratos de concesión TC-LPN-004-2013 y SA-MC-007-2014, describen en la Cláusula 24 “Tarifa usuario”, los meses en los cuales se debe ajustar la tarifa, entendiéndose que el Sistema está en fase II de su implementación, y el ajuste tarifario se debe hacer en enero y junio de cada año. “Previo a la fase 3, la tarifa al usuario se ajustará en enero y en junio de cada año, sin sobrepasar incrementos a cincuenta pesos, siempre y cuando los ingresos totales del sistema en el periodo sean menores a los egresos teóricos”, según el documento.
También sostiene que es importante aclarar que el estudio se basa en cifras reales parciales a septiembre de 2017, y siempre debe ser sujeto a revisión por el órgano competente. Como concejales, representantes de la ciudadanía y coadministradores del Distrito, solicitamos que ese análisis sea público, porque es de gran relevancia para la economía de Cartagena.
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