Independiente de la motivación, me indigna el descaro de quienes sacan provecho del capital natural y el patrimonio público con artilugios, trampas y coartadas de legalidad. Ante una justicia ambiental inoperante, no hay temor, abusan e ignoran la Constitución, atropellan el código penal y la ordenación del territorio, generando daños irreparables en las zonas protegidas.
Cartagena se construyó cambiando el uso del suelo y sacrificando el ecosistema del litoral y sus soportes ambientales con rellenos multiestrato. “Escrituras de posesión” o sentencias de prescripción sobre imprescriptibles bienes de la Nación, están ligadas a la legalización de la ‘propiedad’.
Lo grave es que pese a que el cambio del uso del suelo y la urbanización ilegal (art 318) son un delito agravado al cometerse en áreas protegidas, ante la inacción de las autoridades y la conformidad del ciudadano, sigue afectándose el patrimonio público. La Fiscalía se tapa los ojos e ignora que la impunidad vuelve ‘ley’ el delito y lo estimula.
Aunque aquí sobra causa pero no hay un preso, el daño en los recursos naturales (art 331 CP) impone al infractor una sanción de 4 a 8 años de prisión y una multa de 133 a 15 mil salarios mínimos. Y la pena se incrementa en 1/3 parte “si se afectan ecosistemas naturales (…) de las áreas especialmente protegidas” o “cuando el daño sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de control y vigilancia”.
Pensando en un POT moderno por formular, y ante la continua usurpación de las orillas de nuestros cuerpos de agua, veo trasegar las volquetas con escombros para cometer el delito de contaminación ambiental (art 332) que “pone en peligro la calidad de los cuerpos de agua”.
¿Por qué el CTI, de oficio o por acción conjunta, no colabora con EPA y Cardique para desarmar a los delincuentes?
Pasado un año sin ejecutar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó recuperar en La Boquilla el bien de la Nación usurpado por Olier con una prescripción fraudulenta, pregunto al alcalde Manolo y a su jurídica cuánto tiempo más hay que esperar para cumplir la orden? ¿Por qué no enviar un mensaje de voluntad política a los usurpadores multiestrato y sus abogansters?
¿Por qué la Capitanía, con jurisdicción sobre el territorio invadido, junto con el Distrito, Instrumentos Públicos, la Contraloría y Procuraduría, ignoran que ese dilatado fallo abrió la puerta para solicitar revisar todas las sentencias de prescripción sobre bienes de uso público? ¿No es obligatorio recuperar los activos de la Nación?
No puedo desfallecer, por eso a usted le pido hacer oír su voz para que luego de 2 años el Consejo de Estado falle la apelación de la Acción Popular que ordenó proteger la bajamar y por el alto riesgo no mitigable reubicar a Marlinda y Villagloria. Allí tiene que parar la venta de ‘lotes’ y el daño ambiental.
*Abogado ambientalista y comunicador.
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