Es evidente que la reforma tributaria se necesita y que el gobierno presentó un proyecto que parece tener elementos positivos como eliminar muchas exenciones, no todas, reducir los impuestos a las empresas y el aumento de la capacidad de recaudo. Pero hay inquietudes válidas que no se resuelven fácilmente en los pocos días que quedan del período legislativo, como la inquietud de Germán Vargas y la ministra de Vivienda, en tonos distintos, sobre los posibles efectos negativos de la reforma sobre la oferta futura de vivienda social. No es apenas un desacuerdo entre distintos segmentos del ejecutivo, ni se trata de preferir el bien común. Se tiene que sopesar la ventaja de eliminar un beneficio tributario contra la desventaja de dejar a mucha gente sin vivienda.
Todos los que descubrieron a la carrera que la reforma les dañará proyectos ya iniciados o que les abaratará sus propiedades, que son muchas, buscan cómo protegerse y cómo hacer lobby para defenderse, sacar o meter artículos que los favorezcan. Algunos tienen quejas del ámbito privado, pero con consecuencias que afectan al público en general. Por ejemplo, los proyectos que conozco de salud para exportar servicios, o a sectores como el de transporte de carga que pueden afectarse por alzas de tarifas y eliminación de exenciones que pueden reducir la capacidad de competir hasta hacer inviables sus empresas. A las cosas que funcionan bien no es socialmente útil hacerlas inviables.
Un grupo de afectados sin quien los represente o sin capacidad de defenderse, son los asalariados. Y su desprotección aumenta al subir su ingreso. En un país en el cual el resto de la población asimila con los ricos a los ejecutivos medios y altos, que no se consideran trabajadores, son patos rencos a merced de las ofensivas para mejorar el recaudo. Los usan para demostrar que el sistema tributario es progresivo cuando esta reforma, no solo por el IVA, inclina demasiado la balanza a favor del capital y contra los trabajadores, especialmente los de ingresos medios y altos. Alguno candidatos presidenciales que no están en el gabinete, o Sergio Fajardo, si reaparece, notarán que los que viven de su trabajo y no de la renta necesitan quien los defienda.
El temor de que las agencias reduzcan la calificación de riesgo es la principal razón que se aduce para ferrocarrilear esta reforma y el gobierno se somete por ello a presiones que pueden salir muy costosas, como dejar aprobar un retroceso en las leyes laborales en horas extras y licencia de maternidad. Pero el indicador de riesgo de la deuda colombiana, la diferencia en tasa de rentabilidad de los bonos de deuda pública colombiana en comparación con los del Tesoro de Estados Unidos, se redujo y está bastante estable. No parece que los mercados exhiben la misma urgencia que el gobierno. ¿Se puede esperar a febrero para aprobar la reforma y discutirla con serenidad?
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