El pasado 16 de abril en la mañana, un grupo de 12 alumnos de la asignatura Sensibilidad Artística de la Universidad San Buenaventura, acompañados por su profesor, se acercaron a la taquilla del castillo San Felipe. Cursaban el módulo sobre reconocimiento del patrimonio y como parte de él debían visitar esta fortaleza y estudiar a partir de allí la razón para considerar a las fortificaciones de Cartagena como patrimonio cultural.
Cuál fuera la sorpresa del grupo de estudiantes, cuando quien estaba en el expendio de boletas les quiso cobrar la tarifa plena de $25 mil. Aunque se presentaron como universitarios y mostraron su carnet, la respuesta desde el quiosco fue: “Su institución educativa no está en la lista”, y los jóvenes volvieron a sus casas sin poder ingresar al castillo, pues habían llevado el dinero que cuesta la boleta para estudiantes y les cobraban más del doble.
¿Qué significa esto? Acaso, si llega un estudiante de cualquier lugar del país o el exterior, con ganas de ingresar y pagar la tarifa estudiantil como ocurre en todo el mundo, su centro educativo debe estar en una lista? ¿Quién diseñó esa norma? ¿Desde cuándo se aplica? ¿Cuántos estudiantes han dejado de ingresar por este abuso?
Pero lo cierto es que en las fortificaciones no es solo eso lo que huele mal. La Escuela Taller de Cartagena, una renombrada institución formativa, que ha contribuido con creces a restaurar el patrimonio arquitectónico y a formar artesanos, ha sido encargada por la alcaldía y el ministerio de Cultura de administrar y proteger todo el sistema de fortificaciones y por ello maneja la rica taquilla del Castillo y las demás fortificaciones. Los recursos obtenidos, según el convenio entre las partes, ha de retornar a las murallas: a su protección, restauración y apropiación social.
La Escuela Taller ha sido una entidad seria y rigurosa: fue creada y financiada por el gobierno español y hace algunos años pasó a la alcaldía; como no producía recursos sino obligaciones vivió años de dificultades y soledad. A sus gestores les costaba mucho trabajo conseguir los apoyos requeridos. Pero una vez la Escuela fue encargada del sistema de fortificaciones y le fue entregada la rica taquilla, la dirigencia política ha pasado a interesarse en sus asuntos; sólo en sus ingresos millonarios, por supuesto, dejando la parte formativa desprotegida. La representación de la alcaldía en la junta directiva de las fortificaciones y el nombramiento de una cuestionada ficha política en su dirección confirman esto. ¡Qué pena que en la ciudad Patrimonio de la Humanidad el sistema de fortificaciones se gestione así! El Mincultura y el gobierno local serán corresponsables de lo que pase.
*Columnista semanal
albertoabellovives@gmail.com
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