El país ha ido registrando con inquietud la paulatina intrusión de la rama jurisdiccional del poder público en áreas ajenas a su competencia. Las altas cortes dan órdenes, regañan y apañan prebendas. Lesionan la majestad de la justicia. Corrosivo asunto: “las leyes os darán la libertad” es de la esencia misma de la nacionalidad colombiana y de ese estado de derecho que se invoca con tanto orgullo. Por lo mismo, la indispensable independencia de la justicia a su vez exige especial recato.
El constituyente del ‘91 puso a los jueces a ternar, elegir y cooptar, génesis de más que ocasionales compadrazgos y corruptelas. Además, habilitó a los jueces para gerenciar la justicia, cuando suficiente tendrían con bien administrarla. Mala la idea. Es lo mismo que dejar a los médicos manejar las clínicas.
Un particular sesgo de la extralimitación de los entes judiciales asoma en la Contraloría y Procuraduría, que interpretan su mandato con reprensible amplitud. Aparte de asegurarse, como deben, de que los funcionarios públicos cumplan las leyes y decretos que enmarcan su actividad, se les ha dado por sancionar sus desaciertos. Peligrosa cuesta que conduce a la parálisis.
Don Sancho Jimeno pensaba en el gran Felipe II, mientras defendía a Cartagena en 1697. El monarca había llegado a la cúspide de su poder en 1580 al unificar las coronas de España y Portugal, con sus extensísimas posesiones ultramarinas –dominios donde no se ponía el sol. Resistían holandeses rebeldes y sus aliados ingleses, protestantes ellos. Debía sometérseles, sobre todo con el pirata Drake causando erisipela.
El imperio organizó una enorme flota y ejército para invadir a Inglaterra. Esa Invencible Armada de 1588 marró la oportunidad de desembarcar tropas para rendir a Londres, que era su objetivo. Equivocaciones tácticas dieron al traste con la expedición. Buques incendiarios, cañones ingleses y vientos contrarios convirtieron el descalabro en desastre. Se fue a pique la mitad de la flota con sus tripulantes y soldados.
La Procuraduría se habría dado un banquete abriendo pliegos de cargo al rey Felipe. Como mínimo le hubiese acusado de ineptitud en la escogencia del duque de Medina Sidonia, quien nunca quiso el cargo, como comandante de la Armada y de desgreño al impartir órdenes incumplibles. La Contraloría por su parte hubiera quedado ahíta armando expedientes por detrimento patrimonial.
Felipe II estaba blindado. No lo están el suspendido Samuel Moreno o el destituible Gustavo Petro a quienes se les enrostra ineptitud. No tendrán muchos simpatizantes, pero eso no es excusa para torcerle el cuello a la ley y pisarle terrenos a las revocatorias. Con los entes de control respirándoles en la nuca por equivocarse de buena fe, los buenos se abstendrán de servirle a la república. No aceptarán cargos sino los marrulleros. Está pasando.
rsegovia@axesat.com
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()