Era explicable que una tutela sobre propiedades en Tierrabomba que llegó a la Corte Constitucional se comentara en Cartagena, aunque no con tanto detalle picante para que, antes de notificarse el fallo definitivo, se supiera cómo votarían los tres magistrados de la Sala de Decisión, con nombres propios. No era de esperarse, en cambio, que también se rumorara que las esperanzas de los interesados estuvieran fincadas en el poder de convicción del magistrado que salvó su voto.
Pues bien, la información de El Tiempo, en su edición del lunes 17 de marzo, revolvió de nuevo el cotarro, pues confirmó que los magistrados Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla decidieron mayoritariamente que sólo había que devolver los predios tomados por la Fiscalía General y no las 400 hectáreas que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó entregar, con ponencia del magistrado José María Armenta, en el año 2009. El magistrado Jorge Pretelt Chaljub se apartó de la tesis de sus dos colegas. A lo mejor lo emocionan los megaproyectos hoteleros en la isla.
El contenido de la información suscita un interrogante: ¿quién pudo dar aviso del sentido en que saldría la sentencia, antes de ser notificada, para que se iniciaran las maniobras dilatorias, como recusar a un magistrado primero y denunciar al otro después? ¿Son las infidencias parte del trámite de los procesos a causa de apetitos incontinentes?
Cualquier parecido con lo del fuero militar no suena como pura coincidencia.
Da tristeza ver que en los medios de comunicación se hable ya, con fundamento y con lógica (los hechos son tozudos), de que en la Corte Constitucional se urden matufias para inhabilitar a un magistrado con una recusación extemporánea e improcedente, gracias a un soplón que, a la postre, le abrió el camino a una solicitud de nulidad contra la sentencia proferida dentro de la controvertida acción de amparo.
De recusación en recusación y de denuncia en denuncia, el orden alfabético conduciría –así finaliza el informe de El Tiempo– a que, en este episodio de Tierrabomba, el último apellido con P, cuyo concepto ya se conoce, podría torcerle el cuello a una sentencia ejecutoriada de la cual discrepó. Dudoso. Pero si se confirma, sería escandaloso.
El croquis al creyón que cada nuevo escándalo nos pinta de la crisis de nuestra Justicia, confiere más jerarquía a las componendas tinterillescas que a la doctrina, la jurisprudencia, la ley y la ética de quienes la administran en ese ambiente deletéreo. No está lejano el día en que hayamos de repetir, como un lamento tardío, el verso de Discépolo:
“¡Si aquí ni Dios rescata lo perdido!”
carvibus@yahoo.es
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