La Jurisdicción Especial para la Paz avanza en medio de un país en silencio. La clase política calla, atrapada en sus intereses; el empresariado, sometido al estigma extorsivo de ser enemigo de la paz, con imprevisibles consecuencias -sé por qué lo digo-, y la academia calla inexplicablemente.
El país urbano no debatió el tema rural porque no le interesaba; ni el de víctimas, ni el narcotráfico. Pero la justicia es integral, el servicio público por excelencia, al decir de Álvaro Gómez. Por ello el país, con el Congreso a la cabeza por obligación constitucional, debe asumir el debate sobre un sistema de justicia “a la medida” de un grupúsculo de narcoterroristas.
Una justicia que vulnera las instituciones, que cierra sin apelación fallos de otras instancias; que elimina la cosa juzgada y reabre procesos de toda índole y origen. Una justicia sin espacio temporal -¿cuándo empieza el conflicto?- y que “resucita” para reprimir cualquier conato contra sus fallos.
Una justicia “negociada” con quienes el Gobierno prometió que no negociaría las instituciones. Por ello sorprenden las respuestas del presidente a uno de sus antecesores, Andrés Pastrana, sobre esa condición claudicante. Después de poner el retrovisor y tratar de disminuirlo frente a su Alma Mater, Santos confiesa que la justicia transicional fue creada porque “los grupos insurgentes no reconocen precisamente, la justicia del Estado contra el cual se alzaron en armas (…) Por eso hay que crearla”.
Entendía que se trataba de reinsertarlos a nuestro Estado de Derecho, no de cambiarlo a su acomodo para que pudieran entrar. Si tampoco reconocen el sistema tributario, ¿habrá que crearles uno? De hecho, ya se negoció el desarrollo rural a la medida de sus expectativas de control territorial y político en el campo que destruyeron.
La Jurisdicción Especial se pretende vender blindada frente al debate público, para lo cual se viste una vez más con la piel de oveja de “la paz”. ¿Recuerdan?: Marco Jurídico, Acuerdo General, Referendo, Acto Legislativo, Plebiscito y, ahora, Jurisdicción Especial, todo con el apellido “para la paz”. ¿Cuál es el mensaje? El mismo del plebiscito: SÍ o NO. El reduccionismo infame de que si no está de acuerdo con la Jurisdicción para la paz, usted es amigo de la guerra.
Las respuestas del exmagistrado Cepeda tampoco convencen. Que no destruye la institucionalidad porque la cambia con apego a la Constitución. ¡Pobre Constitución! Que sí es de cierre pero no es de cierre. Que no reemplaza a la Fiscalía, pero le pasarán la investigación de más de 110.000 crímenes. Que el narcotráfico es delito común, pero si era para subvertir -léase terrorismo- será amnistiable. Que si hay verdad -¿la del guerrillero?-, hasta delitos de lesa humanidad serán “castigados” con cómoda restricción de libertad. Una justicia a la medida.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán
@jflafaurie
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