Lamentable espectáculo la manifestación del Centro Democrático pidiendo renunciar a Santos, lánguida y falta de respaldo popular, pero sobre todo por acusar al presidente de persecución política por detener al hermano del expresidente del todo vale.
Es parte del ADN uribista tratar de desprestigiar a los jueces cuyas sentencias le son adversas y tratar de revocarlas con la opinión pública. Pero ya no tienen esas mayorías y fue patético ver al excandidato del CD arengando a un minúsculo grupo pidiendo liberar al hermano acusado de vínculos con paras y renunciar al presidente, cual nuevo Caifás.
Se debe analizar si hay persecución política de Santos y el Fiscal contra los allegados del expresidente del Ubérrimo. Conviene recordar quiénes son los “buenos muchachos” de ese gobierno, condenados por qué razones, y sobre todo, qué jueces lo hicieron.
Jueces penales condenaron a Luis Guillermo Giraldo por fraude en promover el referendo reeleccionista; a Rito Alejo del Río por asesinato; y a Salvador Arana, embajador en Chile del pasado gobierno, por desaparición forzosa y homicidio agravado.
La Corte Suprema de Justicia, no el Fiscal, condenó al primo por vínculos con paras; a dos exdirectores del DAS, Jorge Noguera por infiltración de paramilitares y María del Pilar Hurtado por las chuzadas; y a Manuel Cuello, Supernotariado, por dar prebendas a congresistas.
Varios ministros también fueron condenados por la CSJ: Andrés Felipe Arias, por AIS; Diego Palacio y Sabas Pretelt por la yidispolítica; el exsecretario de la presidencia, Alberto Velásquez, y otro exsecretario, Bernardo Moreno, fue condenado por las chuzadas.
Lo más increíble de la teoría de la persecución es que el procurador Ordóñez, declarado adversario de Santos, también investigó a estos cinco altos funcionarios del expresidente que compró su reelección y a todos los condenó, destituyéndolos e inhabilitándolos para cargos públicos. El mismo procurador pidió a los jueces condenar al general Flavio Buitrago, exjefe de seguridad de la Casa de Nari por nexos con narcos.
Confirmando el buen criterio del expresidente para escoger jefes de seguridad, el general Mauricio Santoyo, a quien nombró en ese cargo después de destituido por la Procuraduría, fue condenado por nexos con narcos y paras. Y fueron jueces de Estados Unidos los que lo sentenciaron a 13 años de cárcel. ¿Santos los obligó?
Se necesitaría otra columna para incluirlos a todos. Pero con los pocos citados basta para ver la diversidad de delitos y sobre todo de jueces que los condenaron, luego la acusación del CD de persecución política es otra calumnia que aspiran sea aceptada como verdad a fuerza de repetirla.
No hay una conspiración de la justicia contra el círculo cercano del expresidente, sino que hubo una conspiración de ese grupo contra la democracia y las instituciones.
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