La educación pública universitaria. La eterna mendiga. La del presupuesto miserable. La de los cupos limitados y exámenes de ingreso con forma de coladores. La del ejército de maestros de cátedra y escasos profesores de planta. La de las bibliotecas rancias con libros refutados. La que no tiene sillas para zurdos, aunque en ella crezca la izquierda política. La olvidada. La escupida con desdén por ministros y presidentes. La que sólo importará cuando sea privatizada. La que se financia desde 1992 con el mismo modelo obsoleto. La experta el malabarismos financieros. La dueña de un déficit de 15 billones de pesos en infraestructura y 1,4 billones en funcionamiento. La que graduó a Enrique Grau, Jorge Eliécer Gaitán, Estanislao Zuleta y Ciro Guerra. La de salones en ruinas y pasillos agrietados que no se curan con cáscaras de huevo. La nuestra, la casa rajada del conocimiento universal que acoge en su áspero refugio a los hijos del carpintero. O al carpintero mismo que todavía sueña con un título de abogado. O a la madre enjaulada que internaron en la cocina y que no pudo estudiar por la absurda losa del macho colombiano.
¿Por qué será que a los gobiernos no les duele lo que pasa en las universidades públicas? Cuántas veces no vi en la Universidad de Cartagena a estudiantes hambrientos que perseguían espejismos de comedores universitarios. Almuerzos que sólo aparecían de verdad una vez cada dos años, como eclipses creados por demonios. ¿Por qué si el Estado quiere la paz, aumenta el presupuesto de la defensa militar y descuida el de la educación? ¿En qué cabeza cabe la idea de que los gritos secos del fusil, su dictado de sílabas sangrientas, pueden ser más instructivos que la investigación y la academia?
Siempre he creído que en Colombia las políticas económicas educativas siguen un rumbo inverso al de la alquimia. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal que podía convertir el obsceno plomo en oro valioso. Lo cual se puede asumir como una metáfora de la transformación social. En este país, en cambio, estamos tomando lo mejor de las nuevas generaciones –su juventud, su edad de oro, su derecho fundamental a la educación– para destinarlo al plomo de la guerra.
Y claro, cómo no, producto de esa transmutación retorcida tenemos nuestras universidades públicas al borde de la quiebra. Entran en lastimosa escena los docentes y sus salarios exiguos, los grupos de investigación y su rutina mendicante, los estudiantes desesperados y sus deudas impagables del ICETEX. Es el teatro de los derechos perdidos que sólo existen en el papel higiénico de la Constitución. Mientras sufrimos en el proscenio, en los palcos están sentados nuestros políticos indolentes, felices de que pronto acabe esto de la educación pública y comience el negocio de los derechos convertidos en mercancía.
*Escritor
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