La ley que aprobó la reforma tributaria de 2016 también creó la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, conformada por nueve miembros independientes que trabajaron ad honorem por diez meses para producir un documento con sus principales análisis y recomendaciones. A finales del 2017 el manuscrito fue entregado formalmente al Gobierno Nacional y está disponible para consulta de la opinión pública. Existen algunos mensajes que valen la pena destacar.
Un mensaje central del informe es que el panorama fiscal del país no es claro, si se quiere cumplir la regla fiscal que establece que el déficit total estructural debe ser del 1% del PIB en 2022. El efecto de la última reforma tributaria en el recaudo se diluye en el tiempo, como resultado de la reducción en la tarifa del impuesto de renta corporativa del 40% actual, al 33% en 2019. Además, las proyecciones de recaudo del Gobierno nacional dependen de dos factores que tienen barreras y pueden ser contradictorios: la formalización de la economía y los esfuerzos de gestión de la DIAN.
Dadas las limitaciones del ingreso, el ajuste tendría que darse por el lado del gasto en una gran magnitud: 1,2% del PIB entre 2017 y 2020. La Comisión manifiesta que un ajuste tan severo podría tener serias implicaciones sobre el crecimiento económico y sobre las condiciones de la población más vulnerable. Esto se complica porque el recorte estaría limitado por las inflexibilidades del gasto.
Por esta razón, la Comisión centró muchas de sus recomendaciones en las posibles ganancias en eficiencia, eficacia y equidad del gasto con los recursos disponibles. No obstante, también insiste en la necesidad de que el Gobierno evalúe adoptar nuevas medidas para lograr un mayor recaudo y un sistema tributario más eficiente y equitativo. Esto debe ser complementado con un mayor esfuerzo fiscal de las entidades territoriales y un uso más eficiente de las regalías.
En general, el reporte recoge muchas de las opciones de política discutidas en el país para el gasto y, en particular, de su manejo transparente. Por ejemplo, se recomienda fortalecer los portales de transparencia de contratación pública puestos en marcha y simplificar los procesos presupuestarios.
Tal vez valdría la pena que en este año de elecciones, los candidatos a las distintas dignidades revisaran lo propuesto por la Comisión. Analizar e implementar algunas de las propuestas es fundamental para la sostenibilidad fiscal del país en el mediano y largo plazo.
jbonetmo@banrep.gov.co
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