Algo trascendente, que toque el alma de la gente, hay que hacer para detener y sustituir la in-cultura del robo que padecemos. Es impresionante la extensión de esta forma proterva de sustento, que socava la seguridad y la confianza colectivas, así como el respeto por los bienes públicos y los ajenos.
En las empresas, por ejemplo, cada vez con más frecuencia, los propietarios tienen que enfrentar casos de hurto continuado o el abuso de confianza de empleados, incluso del más alto nivel, que se conciertan, a veces con terceros, para sustraer bienes materiales de establecimientos, talleres y fábricas, o se apropian de dineros que están bajo su control o custodia.
En los barrios populares se vuelve común que vecinos se “tumben” herramientas, tuberías y otros elementos de las obras públicas o privadas. Ni qué decir de la delincuencia común y la organizada, que penetra en buses o en locales comerciales, para despojar a pasajeros y comensales de sus efectos personales. O las mafias de invasores profesionales, en concierto con familiares de supuestos herederos de tierras ajenas vendidas por sus ancestros, años ha. O lo contrario: los despojadores de inmuebles de gentes sin recursos.
La (in) cultura del robo es tan profunda en nuestra ciudad que ahora la moda es lo impensable: el asalto nocturno a transeúntes que pasean en las playas de Castillogrande, por parte de supuestos pescadores que vienen en sus pequeñas lanchas o bien de otros barrios de la ciudad o desde corregimientos de la Bahía.
Al interrogante del porqué está tan extendida esta incultura, en tantas esferas y en todos los estratos, es válido pensar que pudiera deberse a que ése es el ejemplo que la dirigencia viene dando a los destinatarios del ejercicio del poder. Si quienes tenemos el deber de ser modelo de virtudes no demostramos que la apropiación indebida de lo público o de los recursos privados es inaceptable, entonces cómo exigirle a los demás parroquianos que no lo hagan.
Por eso resulta conveniente que nuestro alcalde aclare si son ciertas o no las recientes imputaciones que se han hecho sobre la falta de transparencia en la contratación local, como la que apareció en la edición del 18 de abril en El Universal, en la columna “La contratación amañada”, de Jorge Mendoza Diago.
Por mi parte, debido al conocimiento que tengo de Manolo, no tengo razones para dudar de su probidad; pero frente a tales señalamientos de nadie menos que el presidente de la SIAB, es conveniente que ofrezca las debidas explicaciones.
*Abogado
npareja@np-asociados.com
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