Columna


La definición urgente

EDUARDO DURÁN GÓMEZ

05 de julio de 2016 12:00 AM

El servicio de taxi en Colombia continúa prestándose en medio de la indiferencia oficial que no ha sido capaz de fijar los criterios indispensables que se requieren para la debida prestación del mismo.

Las empresas tradicionales se han mantenido en medio de la ineficiencia en donde es fácil deducir una calidad cada vez más lamentable de la operación y en donde se han permitido monopolios que explotan en su mayoría unos empresarios indolentes a quienes solo les interesa el lucro, sin importarles la calidad del servicio, ni tampoco las condiciones de los asalariados que utilizan para la operación.

Salió el sistema Uber, y ante una avalancha de simpatizantes por las optimas condiciones en que opera, apoyados además en las herramientas tecnológicas disponibles, nos encontramos ahora con un gremio tradicional que se resiste a aceptar ese tipo de competencia, pero que a su vez no muestra ninguna voluntad de cambio para exhibir que también son capaces de competir con calidad y sobre todo de demostrar que pueden estar en condiciones de satisfacer las necesidades de la demanda  a través de una oferta óptima y de alternativas novedosas para atender las necesidades de los usuarios.

El gobierno dice que Uber todavía no se ajusta a un mecanismo legal para atender este servicio, pero por otro lado los taxistas bloquean esa operación, hacen paros de protestas y niegan cualquier posibilidad de admitir un competidor.

Todos los usuarios hemos estado esperando que el ministerio de Transporte fije de una vez por todas los criterios para admitir una libre y sana competencia y permita que en el país se pueda evolucionar, tal como lo han hecho en otras latitudes y que los ciudadanos puedan contar con formas novedosas y seguras de transporte, en donde los parámetros de la oferta y la demanda imperen en beneficio de la población.

Y ya no es solo Uber, existen otros sistemas dispuestos a entrar en la competencia, que deben ser bienvenidos, pero que se requiere de una eficiencia por parte de los organismos reguladores, para que se establezcan las condiciones de la operación.

El transporte público ha sido dado a amparar privilegios y eso es lo que ha hecho que su calidad nunca salga a relucir. 

Por eso es que se requiere de una determinación política para que se puedan imponer de una vez por todas las características de un servicio que cualquier ciudadano debe estar en condiciones de reclamar para que se le atienda como es debido.

edgo01@hotmail.com

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