La Alcaldía de Bogotá anunció la segunda etapa del mal llamado programa de “democratización” del 20% de sus acciones en la vieja Empresa de Energía de Bogotá, hoy Grupo Energía Bogotá (GEB), la joya de la corona distrital. Es un proceso de privatización parcial de una empresa pública, muy cuestionado no solo desde el punto de vista político sino también financiero.
Vender acciones del GEB a unos pocos inversionistas se llamó con toda pompa “programa de democratización” para dar la ilusión de cumplir el Artículo 60 de la Constitución, que obliga al Estado a promover el acceso a la propiedad democratizando la propiedad accionaria al vender empresas estatales.
La Alcaldía cumplió con todos los requisitos de la inútil Ley 226 de 1995, que reglamentó el citado mandato constitucional, pero en todas las privatizaciones hechas en los últimos 20 años, esta Ley solo sirvió para traspasar las propiedades estatales a muy pocos accionistas.
Así pasó al vender el 24% de la propiedad de la entonces EEB en 2011. Hoy solo 5 inversionistas son dueños del 90% de esas acciones. De nada sirvió cumplir la exigencia de la Ley 226, de ofrecer las acciones en venta en condiciones especiales a los trabajadores y al sector solidario. Esta vez también se hizo una primera oferta a estos sectores, pero solo se vendieron el 0,2% de las acciones de la empresa porque no hay un mecanismo práctico para incentivar adquirir acciones a los pequeños inversionistas.
Desde lo financiero este segundo tramo de la privatización del GEB a los precios ofrecidos es un mal negocio, como también lo fue el primero, porque la empresa es de las que reparten mayores dividendos y además tiene grandes perspectivas de valorización por su portafolio de inversiones, que incluye empresas como TGI, donde hace 3 años obtuvo una millonaria utilidad al recomprar el 30% de las acciones. Por eso hay inversionistas privados con mucho apetito por las acciones; si fuera mal negocio no lo harían.
Quienes compraron acciones de la EEB en 2011 tienen una rentabilidad anual promedio al año del 15%, sumando tanto la valorización en el mercado accionario como los dividendos recibidos. Esta rentabilidad de los privados la dejó de recibir Bogotá Si el objetivo de la Alcaldía era obtener recursos para inversiones, hubiera podido conseguir créditos con un costo equivalente a la mitad de esa rentabilidad.
Ahora también se busca justificar el mal negocio de vender las acciones del GEB por necesitar recursos para el programa de inversiones del alcalde, pero al enajenar parte de su propiedad en la empresa los futuros gobernantes tendrán menos recursos para ejecutar sus propios planes: ¿es valido privar a los próximos alcaldes de los dividendos futuros de esas acciones? Cada alcalde manda en su año y busca realizar su plan de desarrollo, pero no debería disponer de un patrimonio de todos los bogotanos, incluyendo las futuras generaciones.
Mauricio Cabrera Galvis*
*Economista
“Ahora también se busca justificar el mal negocio de vender las acciones del GEB por necesitar recursos para el programa de inversiones del alcalde (...)”
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