La lucha contra la corrupción exige medidas en tres niveles. Unas, estructurales y normativas; otras relacionadas con la política; y, por último, pero aún más importantes, culturales.
El primer paquete supone modificar las normas de contratación pública para hacer de la contratación directa una verdadera excepción. Hoy en los departamentos y municipios se adjudican a dedo el 82% de los contratos. Además, para acabar la contratación de sastrería, a la medida del funcionario que adjudica y del compinche que está al otro lado, es indispensable construir pliegos “tipo” que la impidan. Y, aún más importante, hay que migrar tan aceleradamente como sea posible al Gobierno y la contratación en línea, como ha ocurrido en los países bálticos. El fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y el establecimiento de estímulos económicos cuando consigan rescatar dineros públicos, ayudará mucho en la tarea de monitoreo de la contratación pública.
Hay que depurar las contralorías departamentales y municipales, clientelistas y burocratizadas y, al mismo tiempo, fortalecer la Contraloría General de la Nación, eligiendo su cúpula por meritocracia y sin consideración alguna a sus simpatías políticas.
Hay que tomar medidas legales: una, regular el cabildeo. El lobby es inevitable, pero hay que definir con claridad sus reglas. Dos, hoy una persona condenada por corrupción no puede aspirar a cargos de elección popular. Esa prohibición debería extenderse a que su traición a la sociedad traiga como consecuencia que no pueda ser nombrada en ningún cargo público. Tres, debe prohibirse que los corruptos y las sociedades de las que hagan parte contraten con el Estado. Cuatro, deben limitarse los beneficios penales para que, por ejemplo, estén obligados a cumplir su pena en la cárcel y no en sus domicilios. Y, quinto, hay que dotar al Estado de mejores dientes para perseguir los bienes y dineros de los corruptos.
Un segundo grupo hace referencia a la política y la corrupción. El problema inicial es el de la financiación de las campañas. Son tan altos los costos que los candidatos se ven tentados a financiarse con contratistas para, después de electos, devolverles el favor a través de contratos que tienen sobrecostos para pagar lo recibido. Un segundo asunto es el de la gobernabilidad, que hoy se construye entregándoles a los miembros de los cuerpos colegiados pedazos de la torta burocrática del Estado.
Las alianzas deben hacerse en torno de ideas y no de clientelismo. Finalmente, es fundamental transparentar la relación con los parlamentarios, permitiendo que gestionen de manera abierta proyectos y obras para sus regiones, con control ciudadano y corrigiendo ese pozo oscuro que son hoy los “cupos indicativos”.
Ahora, nada de esto será útil si no reconstruimos el tejido ético de la sociedad colombiana. Profundizar sobre ello será objeto de otra reflexión.
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