El país está confundido. Negociar con el terrorismo no trae la paz. Algunos creen que el “mal menor” de negociar la Ley para acabar el conflicto con el diálogo, es mejor que cumplir con el Estado Derecho, abandonando la Ley como principio general ante el Estado. Así retornamos a la permisividad del delito para unos pocos, que trasgreden la Ley sin consecuencias. Es la raíz de nuestros males y del crimen en el país, que empeoró por dialogar con terroristas y abandonar la “Seguridad Democrática”, que demostró las bondades de la legalidad.
Se redujeron todos los indicadores de violencia al final de la administración de Uribe. Menguaron los crímenes de las guerrillas y los de “inseguridad ciudadana”. Los homicidios cayeron 47%, los secuestros 90%, los actos terroristas 71%, el hurto y la extorsión más del 30%. Fue una carrera para superar la debilidad estructural del Estado de Derecho. Alcanzamos un buen nivel de paz, seguridad y respeto por los derechos humanos, que reactivaron la producción, la inversión extranjera y la economía en general. En los últimos 3 años desandamos esa ruta y nos sentamos nuevamente con los terroristas. Volvimos a negociar el Estado de Derecho. Aunque se evoquen sus beneficios, se encubre una realidad: la Ley no se respeta y el fin justifica la violencia y el crimen, sin castigo. Se negocian indultos a cambio de una paz precaria.
La guerrilla volvió a 50 municipios de donde fue desterrada. Los hostigamientos se triplicaron en comparación con 2008. Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5 años y el triple de 2008-. La extorsión aumentó 26%, el secuestro total 8% y, de éste, el simple se disparó un 67%, casi el doble que al cierre del gobierno Uribe. El narcotráfico y las BACRIM están desbordadas y la inseguridad ciudadana -atracos, robos, delitos sexuales- rompió las barreras, así como la violencia intrafamiliar.
¿Qué paz queremos? ¿Podemos alanzarla con diálogos y la ilegalidad? Definida por su contrario, ausencia de violencia, nos enfrentamos a una tautología. La violencia guerrillera no representa más del 10% del crimen el país. Detrás de la mayoría de los delitos hay pandillas, apartamenteros, sicarios, traficantes, falsificadores o psicópatas. El mal llamado “delito político” no pesa tanto como las venganzas personales, la intolerancia o el vandalismo. Está demostrado que en el posconflicto aumenta la violencia y, como si fuera poco, cuando hay señales equívocas sobre el respeto a la Ley, la criminalidad y el narcotráfico no mueren con sus auspiciadores.
Ahora bien, si definimos la paz por sus principios básicos: preservar para el Estado el monopolio de las armas y mantener el “gobierno de las leyes”, sabemos que el desarrollo, el respeto y reconocimiento de los derechos y libertades individuales se dan como resultado inevitable. La democracia se fortalece derrotando el terrorismo y nunca negociando con él.
Después de 30 años fallidos de haber creído que a través del diálogo y negociando la Ley se conseguiría la paz, tenemos la certeza de que la política de Seguridad Democrática es la única opción que tiene la sociedad para fortalecer el Estado y avanzar en el camino de la civilidad.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
jflafaurie@yahoo.com
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