La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue fundada en 1961 para promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en el mundo y tiene 34 países miembros. La OCDE es en un club de buenas prácticas en gestión pública, lo que otorga prestigio a los países que a él pertenecen. Para financiar el organismo, los miembros aportan según el tamaño relativo de sus economías. Es decir, hay que pagar la cuota de mantenimiento en el club.
Desde hace un par de años, Colombia intenta pertenecer a este grupo y está en un proceso de adhesión. Como suele suceder en nuestro país, tendemos a sobrevender las bondades de ser aceptados en la OCDE. Si bien puede impactar nuestra imagen internacional, el resultado final dependerá de que nosotros mismos hagamos bien la tarea y no de lo que venga desde la OCDE.
Por lo general, la gran contribución de la OCDE son unos estudios que permiten identificar las recomendaciones que en política deben adoptar sus miembros para lograr las mejores prácticas en la administración pública.
Como parte de la admisión, la OCDE ha hecho estudios dirigidos a identificar las reformas requeridas en el país para lograr los objetivos que busca la organización. Hace un par de semanas presentó el estudio más reciente con una conclusión vieja conocida en el país: se necesita una reforma tributaria integral que fomente la inversión y la diversificación de la economía para alcanzar una senda de crecimiento sólido, sostenible e inclusivo. El estudio adiciona recomendaciones en pensiones, en promover la inversión en infraestructura a través de concesiones y en dotar de mayor eficacia a las inversiones subnacionales. Hasta aquí no veo nada nuevo y si ingresar a la OCDE permitiría implementar estas recomendaciones, el esfuerzo para pertenecer al club está más que justificado.
Pero la realidad muestra que no necesariamente pertenecer a este grupo privilegiado asegura que las reformas se adopten. Esas mismas recomendaciones tributarias, pensionales y de inversión subnacional que nos hacen están igual de vigentes en México, país que pertenece a la OCDE desde 1994. La realidad mexicana muestra que hay mucho trabajo aún por hacer en buenas prácticas en la administración pública luego de más de 20 años de pertenecer al club. Un caso contrario podría ser el otro miembro latinoamericano del privilegiado grupo, Chile, que se destaca en nuestro entorno como ejemplo de buenas prácticas, muchas de ellas puestas en funcionamiento mucho antes de su ingreso en 2009.
jbonetmo@banrep.gov.co
Comentarios ()