A sólo 2 kilómetros de distancia y 5 minutos en lancha rápida desde El Laguito, se encuentra la isla de Tierrabomba. Esta isla de aproximadamente 2.000 hectáreas ha sido siempre un territorio de ubicación estratégica para la defensa de Cartagena y, obviamente, de todo el territorio nacional.
No es casualidad que quienes llegan a la ciudad por la vía marítima se encuentren con el Fuerte de San Fernando, pues, desde este baluarte España defendió la ciudad de los asaltos de piratas, filibusteros y de cualquier país europeo con intereses en las mismas tierras que España conquistaba.
Si hace siglos España entendió que este territorio era importante para defenderse, no es sorpresa que la inteligencia militar actual lo considere igual. En los años 50, mediante un decreto, el general Rojas Pinilla declaró a la isla de Tierrabomba como territorio de uso militar exclusivo, sin embargo, por no gestionar otras condiciones para que esto se diera, no se construyó ninguna infraestructura para uso militar y naval y el mismo general concedió una amplia parte al distrito de Cartagena para su administración.
Lamentablemente, durante años la negligencia por parte del mismo Estado colombiano, la multiplicidad de errores cometidos por sus instituciones y la disputa mediada por variables intereses tanto públicos como privados han impedido la reubicación de la base naval en la isla.
Uno de los errores más graves ha sido la violación a las consultas previas con la comunidad afrocolombiana que reside históricamente en el territorio. Una y otra vez se vuelan la norma. Para la construcción de la carretera a Barú no se tuvo en cuenta, para el traslado de la base tampoco se ha considerado. No importa lo que piensen las comunidades, ni lo que pase con ellas. Para decisiones tan trascendentales como estas, no importa su opinión pero para otras como la campaña electoral que se avecina seguro más de un político ha visitado la isla.
No consultar a los habitantes es violar normas contenidas en la Ley 70 de 1993, el Decreto 1320 de 1998 y el Convenio 169 de la OIT firmado en Lima. Este último es particularmente claro cuando resalta que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
El inminente traslado de la Base Naval a Tierrabomba desde ya supone el planteamiento de muchos interrogantes. Preocupa de qué manera serán protegidos los derechos de las comunidades. Tierrabomba, Punta arena, Caño del Oro y Bocachica han sido históricamente discriminadas y condenadas al olvido. Estas poblaciones se sienten retiradas, y no por los pocos metros de mar que los separa, sino por la desidia administrativa que año tras año les roba la posibilidad de sentirse parte del Distrito.
Vale la pena que todo este proceso se lleve a cabo bajo los principios mínimos éticos para no hacer daño y, en el marco de operaciones transparentes y coordinadas, que no exacerben los conflictos ni ponga en peligro la integridad de las comunidades.
Es necesario que la administración distrital y departamental se pongan de acuerdo para tratar los problemas de Tierrabomba, porque el cambio climático y un sinnúmero de problemas están acabando con la isla, mientras sus habitantes reclaman esa gobernabilidad pregonada cuando necesitan sus votos, pero velada cuando se montan en los escaños públicos.
Alvaro E. Quintana Salcedo
Docente Universitario
alvaroquintana@gestores.com
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