Debo recordar que siempre apoyé la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, no solo por el sentido de justicia que incorpora devolver lo despojado a su legítimo dueño, sino porque durante décadas de violencia muchos de esos propietarios eran ganaderos, lo cual me obliga más allá de lo personal, pues el acompañamiento a las víctimas ganaderas es un compromiso de FEDEGÁN.
No obstante, tengo que señalar sus imperfecciones, advertidas desde un comienzo. Una de ellas es la restitución de lo ya restituido a quienes, por las décadas de los ochenta y noventa conformaron “movimientos de recuperadores de tierras” que, bajo la consigna de “la tierra pa’l que la trabaja”, invadieron predios de tenedores legítimos que, simultáneamente, eran acosados por sus socios armados: EPL, ELN y Farc.
Era la época en que los productores -verdaderos despojados- ofrecían sus tierras a menosprecio al INCORA, razón por la cual no se puede calificar a esa entidad como comprador de buena fe. Esas tierras compradas baratas se otorgaron a campesinos sin tierra, pero muchas también a quienes las invadieron y tampoco son adquirientes de buena fe.
Después de esa primera restitución, muchas de esas tierras fueron vendidas nuevamente, porque la violencia no se detuvo ni el Estado generó condiciones para hacerlas productivas. Así pues, esos primeros restituidos reciben un segundo beneficio, esta vez en platica, por la venta de sus parcelas.
Cincuenta años después, resurgen los movimientos de recuperadores de tierras y mucho me temo que se empieza a tejer, tras bambalinas, una estrategia de control territorial para el posconflicto. Esos mismos adjudicatarios que vendieron después del 1º de enero de 1991, están reapareciendo y gozan de prioridad en las zonas donde la Unidad viene microfocalizando para restituir. Ahora van por un tercer beneficio, porque, sencillamente “vendieron barato”. ¿Recuerdan?: les regalaron tierra, la vendieron y ahora la quieren regalada nuevamente.
Medio siglo después, haber comprado barato se convierte en delito y esos adquirientes de buena fe, que además son culpables hasta que no demuestren lo contrario, no siempre tienen como sustentar que no son viles despojadores. Es una regla que no aplica para el INCORA, que también compró barato a unos propietarios acosados por la violencia.
Además del último comprador, ¿quién más sale perjudicado? Pues el propietario original, quizás un ganadero que recibió la tierra de sus padres y la trabajaba honradamente; que fue secuestrado y extorsionado; despojado por el INCORA, que le compró barato pero al que nadie sindica por tal proceder. Ese propietario legítimo y primer despojado, no es prioridad para nadie. Casos hay por doquier.
Nota bene. ¿Qué y quiénes están detrás de estos nuevos movimientos de recuperadores de tierras? Mi próximo tema.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán
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