Voy a decirlo de entrada: vivo frente a la Fiscalía de Cartagena y nunca he podido saber si vivo protegido o amenazado. Lo digo en broma y en serio. Lo diría igualmente si viviera frente a una comisaría, un cuartel de policía o un juzgado.
En un país que ha estado sometido a constantes amenazas terroristas y chantajes de la criminalidad a las instituciones del Estado, donde los organismos de justicia no han sido ajenos a la corrupción promovida por narcos y clase política, la planta física de estos debería tener un blindaje que la separase de la población civil.
Hace algunos años traté de abrir un debate sobre la inconveniencia de mantener la sede de un organismo del Estado como éste en el centro de un barrio residencial y frente a un colegio. Tal es el caso de la Fiscalía de Crespo. Alguien me salió con la chusca respuesta de que trasladar la sede a otro lugar costaría mucho.
Aunque los vecinos no se quejen (en Cartagena, mucha gente sufre callada) sé que en ciertas épocas han vivido con la zozobra diaria, como sucedió entre 1998 y 2005. No había semana en que no se estacionaran camiones de soldados que venían a judicializar guerrilleros, presuntos o reales, con el consecuente dispositivo de seguridad en plena zona residencial.
Hoy ese riesgo es menor, pero podría tener altibajos imprevisibles. En la medida en que el Estado asuma con más rigor el combate a todas las formas de criminalidad, derivadas del narcotráfico o el paramilitarismo, y, presumiblemente, del excedente de mano de obra criminal que quede de la desmovilización de las guerrillas, en esa medida las instalaciones de la Fiscalía volverán a ser edificios de alto riesgo.
Volví a pensar en ello en estos días. Confirmé que los primeros en olvidar que trabajan en un barrio residencial son los fiscales. Por ejemplo: cada vez que hay un paro convocado por Asonal Judicial, los vecinos de la Fiscalía somos sometidos al incesante ruido de la música que anima a los funcionarios en paro.
Alguna vez traté de hacérselos saber, pero fue inútil. Entendí que estos servidores de la justicia creían que, así de sencillo, un derecho puede vulnerar otro derecho. Desde la mañana hasta el anochecer, debemos soportar a volumen desmedido vallenatos y toda clase de música, además de las animosas arengas del caso. En esta medida, siento que mi tranquilidad y la tranquilidad de centenares de estudiantes y decenas de familias, está inconvenientemente amenazada.
No tengo nada contra esta clase de paros. Por el contrario, los apoyo, si son justos. Lo que no entiendo es cómo el derecho de huelga vulnera el derecho a la tranquilidad, sobre todo, en una zona residencial como ésta.
*Escritor
collazos_oscar@yahoo.es
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