La Comisión de la Verdad, creada en el marco del pacto de Santos con las Farc, solicitó al MiniDefensa toda la información de inteligencia, contrainteligencia y operacional desde 1953.
En carta de 6 páginas, detalla en 40 puntos lo que quiere: millones de documentos sobre las actividades contrainsurgentes y contra el narcotráfico, manuales operacionales, bases de datos, órdenes de operaciones y planes de batalla, hojas de vida del personal de inteligencia, y un largo etcétera.
Primera reflexión, de oportunidad. Todas las “comisiones de la verdad” creadas han tenido lugar tras cesar conflictos armados internos o con la democracia tras un régimen militar. Esta comisión opera bajo la premisa equivocada de que estamos en “posconflicto”. Con semejante error en realidad cualquier información filtrada tendrá impacto en las operaciones actuales y futuras. Además, los grupos armados ilegales y los narcotraficantes pueden influir por coincidencias ideológicas, afán de lucro o miedo, en quienes tengan acceso a la información.
Segundo, de neutralidad. Las comisiones de la verdad deben ser políticamente neutras. Me limito a insistir en que entre la mayoría, no todos, los magistrados de la JEP y los miembros de la Comisión de la Verdad, hay un sesgo de izquierda y de animadversión con la Fuerza Pública. En algunos casos, incluso, de simpatía con ilegales.
Tercero, de pertinencia. La Comisión incluye en su larguísima petición solicitudes claramente innecesarias para cumplir su mandato. La información pedida debería limitarse, con extrema precisión, a lo indispensable para cumplir su tarea y nada más.
Cuarto, de seguridad. El secreto y la reserva no son oponibles frente a información sobre eventuales violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH. Pero debe serlo en otros asuntos cuando se pone en riesgo la seguridad y la defensa nacionales. Y, por supuesto, la identidad, integridad física y la vida de los agentes de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas. Nada debería ser más importante que ello. Para rematar, el país tiene tensas relaciones con Venezuela y Nicaragua, a los que son muy cercanos algunos grupos armados ilegales. La información que se filtre podría caer en manos de potenciales enemigos externos.
Quinto, la información debe ser entregada a la Comisión solo después de que ella haya explicado la manera en que va a ser manipulada y protegida. La Comisión no tiene idea de cómo hará tal cosa.
Por último, la Comisión tiene que asegurar que tendrá acceso a la información de las Farc, del Partido Comunista que le dio vida, y de las organizaciones políticas y “civiles” de su entorno, de manera que pueda haber más equilibrio en su análisis.
Cualquier otra cosa sería un pelotón de fusilamiento conceptual e histórico contra el Estado y su Fuerza Pública.
*Abogado y analista político
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