En el año 2002 la Organización Mundial del Comercio (OMC) le impuso a las multinacionales farmacéuticas el lema: “la salud debía estar por encima de las patentes”. Así se pretendió eliminar las prerrogativas de las multinacionales farmacéuticas y se avaló la lucha de Sudáfrica, Brasil y la India, que así pudieron fabricar medicamentos genéricos para combatir el Sida.
En aquella ocasión los conglomerados dueños de las patentes promovían que la resolución se hiciera extensiva a otros medicamentos contra el cáncer y la diabetes. Los medicamentos anticancerígenos, en su mayoría, son muy costosos. El drama humano en los países pobres es que tanto el Sida como el cáncer no sólo eliminan los pacientes, sino que arruinan a las familias. A la mortalidad de la enfermedad se agrega el letal efecto económico por la voracidad de las farmacéuticas.
La revista “Bloomberg Business Week” publicó en diciembre las desapacibles declaraciones del delegado de la multinacional Bayer, Marijn Dekkers: “No desarrollamos medicamentos (*) para el mercado indio, los elaboramos para los pacientes occidentales que pueden permitírselos”.
En Colombia la Ley 100 de 1993 ocasionó a la vez que los medicamentos de marca se convirtieran en artículos de alto costo. Ese factor económico impide una eficiente atención en salud. Los medicamentos más caros son los llamados “biotecnológicos”. Al comparar el precio que tienen en Colombia con el de otros países: Venezuela, Panamá, Ecuador, Brasil, Inglaterra y Canadá, la diferencia es ostensible.
Las multinacionales desangraron el sistema de salud durante 18 años. Los recobros de las EPS al Estado en su mayoría dependen de ese tipo de medicamentos, y fueron de 557.331 millones de pesos en el año 2007; en el año 2011 las EPS recobraron del Fosyga 1,8 billones de pesos.
La nueva Ley Estatutaria de la Salud permitió al Gobierno del presidente Santos frenar los exorbitantes precios de los medicamentos, especialmente de aquellas compañías que soslayaban desde hace años las medidas de control. Es pertinente recordar que Diego Palacios, el ministro de Protección de Álvaro Uribe, en 2006 fue quien autorizó ese festín al eliminar el control de precios principalmente de los medicamentos para las enfermedades catastróficas o de alto riesgo. El control de los medicamentos es constitucional, y de contera la nueva Ley Estatutaria protege el derecho fundamental a la salud.
No obstante, con las declaraciones de Marijn Dekkers y los TLC protectores de las patentes surge una vía de escape contra los enfermos de escasos recursos.
(*).-Nexavar-(Sorafenib)
*Exdirector de El Universal. Académico de Medicina e Historia.
dmorond@gmail.com
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