Lecciones de España

Hace tres décadas un político liberal español, Juan Antonio Segurado, planteó un dilema que hoy enfrenta Colombia: si la política económica no cambiaba, España sería un país de obreros y meseros.
La crisis española se debe en parte a que no creó una economía exportadora como Alemania y se quedó con la construcción y el turismo, muy importantes, pero propensas a las burbujas y muy vulnerables.
Claro, tienen una infraestructura de primer mundo y desarrollaron un estado de bienestar y una red de protección compleja impagable, centro del debate económico y de la inexorable reestructuración con un altísimo costo social.
Creó una clase que prefiere trabajar unos meses y luego recibir los dos años de subsidio del gobierno sin condición alguna. Sus costos hacen que el empleo futuro en España sea precario. Muchos prefieren estar en la casa los dos años y recibir los 800 euros en vez de trabajar por 1.000 o 1.100 euros al mes.
Sucede en Colombia, guardadas las proporciones, con el Sisbén o con los subsidios para desplazados. Muchos prefieren el Sisbén al trabajo o las ayudas para desplazados. La lección es clara. Todo subsidio debe ser condicionado como el de familias en acción, o tener un término. Si no, trabará el esfuerzo individual y la formalización del empleo.
En Europa el estado de bienestar se reinventa y hasta los países con la mayor red de protección social experimentan. Deciden lo que era impensable hace unos años. Los países nórdicos financian el estudiante y no al colegio o a la universidad. Le introducen el mercado a las políticas sociales y no al revés. Tiene que rendir el presupuesto, cada vez más escaso.
Colombia con la enfermedad holandesa y la destrucción de empleo industrial y exportador tiene decidir como España hace 30 años. Este gobierno condena al país a un crecimiento económico mediocre, cada vez más lejos de Perú y Chile. No es capaz de arriesgarse y salir de un modelo económico ortodoxo que no genera industrias, empleos ni el futuro que Colombia merece.
Colombia necesita un modelo industrial que intervenga de manera activa en los sectores que frenan la competitividad del país y que monopolizan recursos. La ventaja competitiva de Colombia no se desarrolla sin la mano directa de un Estado que debe actuar no de manera invisible sino francamente intervencionista. Las obras públicas, los costos de energía, los costos bancarios y en general los altos costos de transacción de nuestra economía requieren de una intervención activa del Estado.
El futuro del país no puede estar en manos de unos pocos que se lucran de una ventaja, llámese consulta previa, cargo de confiabilidad o tasas de interés. Este país de 44 millones de colombianos necesita un estado agresivo que intervenga sin temor cuando está en juego el beneficio de todos, para no acabar como España.