Si miramos unos 30 años atrás podremos visualizar cómo era este país: todo lo administraba el Estado y unos pocos monopolios protegidos por este; las importaciones requerían licencia previa del ministerio respectivo lo cual incrementaba la corrupción y el contrabando; los precios eran tan altos como se le ocurriera al establecimiento comercial, y los electrodomésticos había que adquirirlos a crédito que el mismo almacén otorgaba a tasas altas, y con fiador. Los clientes sentían que se les hacía un favor al venderles.
La economía de mercado, que con fallas instauró Gaviria, cambió todo eso para bien. El estado cedió el manejo de la microeconomía a los particulares, se dedicó a promover, regular y vigilar los mercados, y a la asistencia social. Hoy hay libertad económica; los comerciantes se compiten la clientela; esta se siente empoderada; los precios los fija el mercado, y los bancos le financian cualquier compra con tarjetas. Parte importante del nuevo modelo de desarrollo es la globalización: la promoción del país internacionalmente en busca de mercados para vender su producción, y de empresarios que traigan sus capitales, creen empleo y paguen impuestos. En ese ambiente surge la idea de crear un establecimiento parabancario que otorgue crédito a los municipios para adelantar proyectos de infraestructura en agua potable y saneamiento básico, pagaderos con recursos del situado fiscal. Pregunta: ¿por qué no desarrollar los proyectos directamente, si el Estado promueve la inversión de capital privado en las empresas de servicios públicos? Respuesta obvia: nadie va a poner capital propio en una aventura de esas.
De ahí la idea del fondo de inversión que se capitalizaría con emisión de bonos (títulos de deuda con tasas y plazos establecidos, negociables en la bolsa) cuyo atractivo era que el gobierno central garantizaba su pago y rentabilidad, pues los créditos que se otorgarían a los municipios contarían con el aval de la nación. En mi opinión fue una idea foránea hecha posible gracias a las gestiones de un gobierno, y el resultado fue que esa abundancia de recursos en poder de los alcaldes de municipios lejanos y con escasos controles, terminó en corrupción entre prestamista, alcaldías y contratistas. Las tasas de los créditos fueron altas, se otorgaron sin estudiar la capacidad de pago (claro, la nación los respaldaba), y los municipios incumplieron. El exministro asesor en la conformación del fondo y de los bonos, asesoró luego a los municipios; y los contratistas y alcaldías, imposible imaginar que no, se repartirían el CVY.
Posiblemente, salvo en la ejecución del gasto, no hubo nada ilegal, pero la génesis y la etiología de todo este embrollo deja muy mal parado al hoy ministro. No quiere decir que otros sean más pulcros, si no, qué a mí sentir, quien ha ocupado cargos públicos de gestión directa, está impedido moralmente para hacer “negocios” con a quienes desde el gobierno estuvo representando, y trabajando para un mejor estar.
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*Ing. Electrónico, MBA
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