España reivindica pecios como el San José en cualquier mar. Sus flotas dominaron el comercio del mundo, justo cuando comenzó a crecer y el galeón fue el refinado producto de ingeniería naval para controlar las rutas y transportar tesoros hacia la Península. Hoy, el interés español podría ser más cultural que monetario. En ese terreno, y no en algún otro donde sus argumentos son débiles, quizá se entendería con Colombia acerca del San José.
Mal haría la diplomacia española en aferrarse a supuestos derechos, sabiendo que la monarquía española de 1708, cuando se hundió el barco, no era el Estado-nación que hoy alza la voz. España éramos todos: súbditos y reinos en cabeza de un rey. Eso lo sabía don Sancho Jimeno, quien 10 años antes del naufragio defendió a Cartagena contra los enemigos de la universal monarquía, que cobijaba iberos y americanos.
España dice que según la Convención del Mar de 1982, un barco de guerra goza de inmunidad y pertenece al estado del que ostenta el pabellón mientras esté en sus listas navales. El San José era un barco de guerra, pero la doctrina de la inmunidad es reciente, inventada por las grandes potencias para proteger secretos militares de sus naves náufragas. Colombia no adhirió.
No es precedente, por lo tanto, el fallo en de la corte de Atlanta obligando a los Odyssey Marine Exploration devolver lo saqueado de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, ida a pique en 1804 cerca del Algarve portugués en combate contra los ingleses. Odyssey, un cazatesoros, se alzó con el oro irrespetando el sitio arqueológico. Nótese, además, que como los gringos apoyan lo de la inmunidad, no sorprende que sus cortes, dada su propia Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera de 1976, aceptaran el reclamo español como país bandera sobre un barco construido en los astilleros de la Habana (1788). Igual sucedió con la Galga y la Juno, con el agravante de que se hundieron en las costas de Virginia y las buscaron con permiso de ese Estado.
Y está también el argumento de la Convención de la Unesco sobre Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, que confiere derechos al pabellón del pecio y a la que altos funcionarios españoles se han referido, pero no aplica. Colombia no la suscribió, a pesar de la insistencia de la Cancillería. Muchos abogaron porque el país no se equivocara. Por último, cuando España aceptó al fin la Independencia de Colombia, aceptó también renunciar a todo lo contenido en ella. No hubo excepciones para galeones náufragos.
El camino de España sería argüir su interés, más que circunstancial, en un sitio arqueológico con retazos de la cultura hispana común. Colombia no aceptará nunca que se cuestione su propiedad de pecios en sus aguas territoriales, pero bienvenida la cooperación para preservar la memoria conjunta. En el San José yacen tres siglos de historia compartida.
RODOLFO SEGOVIA
rsegovia@axesat.com
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