Las autoridades del Distrito resolvieron legalizar, por medio de un proyecto de acuerdo, dos mil predios comprendidos en siete grandes lotes de los barrios Escallón Villa y Zaragocilla, invadidos, según Corvivienda, a lo largo de los últimos treinta años, con el fin de que, ya escriturados a los nuevos propietarios, comiencen a tributar el predial a partir de 2017. (El Universal, 11 de febrero de 2016, pág. 4). Como solución coyuntural está bien. Pero es indispensable que el Distrito tenga una política que proteja el patrimonio público y la propiedad privada de cartageneros y residentes porque, con el pretexto de que la Corte Constitucional vulneró derechos adquiridos en una de las sentencias del más célebre de sus magistrados, un puñado de invasores de profesión están ocupando lotes urbanos, como si fueran baldíos, y montando parqueaderos y talleres a la luz del sol.
Grave, porque si las entidades territoriales descuidan el deber de preservar su patrimonio y de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, al mismo tiempo que una de las Cortes conculca derechos y distorsiona el Derecho con propósitos inconfesables, la crisis de la Rama Judicial no se circunscribe a la mora de la otra Corte en designar sus magistrados, sino que afecta la estabilidad jurídica del país.
Mientras no tengamos metas claras sobre lo que es preciso hacer –en la Nación, los Departamentos, los Distritos y los Municipios– la función pública será una simple tarea de mantenimiento que los burócratas aprovechan, adicionalmente, para negociar en nombre de la República y por autoridad de la Ley. El corolario mayor es que el Título II de la Constitución (el de los derechos, garantías y deberes), acaba en literatura de folletín, en otro desecho de tienta de nuestras instituciones.
Treinta años en que asuntos de simple policía administrativa redujeron el patrimonio común, y dos o tres han transcurrido ya en que propietarios despojados de sus lotes han tenido que instaurar acciones reivindicatorias que cuestan tiempo y dinero, mientras sus usurpadores prolongan el usufructo de un derecho asaltado. Es más dañina una jurisprudencia constitucional que hiede a prevaricato, que la desidia de una Corte que atrasa, por motivos tácticos, el uso de su ajedrez burocrático.
Pueda ser que la mancorna que el presidente pretende hacer con los gobernadores y los alcaldes, a raíz del posconflicto, contribuya a reintegrar al Estado con sus entidades y a concertar proyectos concomitantes con nuestro sistema político, respetando sus principios y mirando más a la calidad de los servidores y a los resultados del servicio que a la producción industrial de reformas constitucionales y de leyes con más pétalos que garras.
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