No parece ser una de esas coincidencias desconcertantes que, tan pronto se advirtió el peligro de estropear nuestro patrimonio con construcciones de dudosa conveniencia urbana, la Unesco resolviera visitar la ciudad con el fin de establecer si la burocracia laxa de Cartagena expuso el título que ganó por sus atributos singulares hace 32 años. No parece imposible, tampoco, establecer a través de pesquisas rigurosas quiénes firmaron la sentencia de muerte de dicho título.
Una de esas señoras con el don del sarcasmo, Margarita (me reservo su apellido para no comprometerla), decía con gracia ovejera que lo único que nos falta es que la “permisología” distrital se ofrezca (a la venta) en los estantes de los almacenes de cadena y en los expendios del baloto. Por consiguiente, remató, bienvenida la misión verificadora de la Unesco para definir si somos o no Patrimonio Mundial en Peligro por cuenta del malandrinaje oficial.
No sé qué tanta capacidad de hipnosis sobre la comunidad se sume al precio en denarios que los interesados en el desarrollo a costas de la riqueza colonial de Cartagena pagan, porque sus golpes al patrimonio trascienden cuando el daño está hecho, es decir, cuando han “llenado los requisitos legales” en las curadurías, los institutos especializados, la Dirección de Control Urbano, la Secretaría de Planeación y el mismo despacho del alcalde. ¡Ah!, y del Ministerio de Cultura y el de Medio Ambiente.
Celebro que los organismos de control pongan la lupa sobre la ola corruptora en el Distrito, siempre que los desenlaces se traduzcan en sanciones disciplinarias, fiscales y penales, ya que si el entusiasmo se desinfla mejor sería que una decisión ejemplar de la Unesco cayera como un tatequieto ignominioso sobre las cabezas de los corruptos que negocian las licencias, a ver si, por lo menos, cierto desdén social consigue que sus descendientes se avergüencen.
No avizoro al pueblo cartagenero cambiando el voto vendido por el voto consciente. Lo del lucro electorero no es un invento de farfolla: es fruto de la conversión del sufragio en mercancía. En la elección atípica de febrero triunfará el candidato financiado por el banquero electoral que más puje, y al día siguiente todo seguiría igual. Es lo que se percibe y se padece, alcalde tras alcalde, hasta que nos resignemos –estamos a un paso– a un destino mediocre.
Pero la sola suspensión de las licencias por un juez no basta. Toda suspensión es temporal. Demoler es la mejor opción por cara que resulte, y tendrá que haber presos e inhabilitados para ejercer cargos públicos. Sus manotazos repugnan a los fines de la función pública, joya de la corona en una ciudad patrimonio. Las afrentas de la albañilería contra los monumentos tenemos que conjurarlas a como dé lugar.
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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