Malecón

03 de julio de 2016 12:00 AM

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Los dos únicos aspectos positivos del Acto Legislativo conocido como equilibrio de poderes fueron, a mi juicio, la derogatoria de la reelección presidencial y la creación del Tribunal de Aforados. Pero estando como está la Justicia en Colombia, esta última novedad se constituía en el terror de los que deben y temen, menos a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por su desempeño en las cimas jurisdiccionales y en la Fiscalía General de la Nación.

Me tonificó la fallida esperanza de que los magistrados de la Corte Constitucional, cuyas eventuales transgresiones caían bajo la competencia de dicho tribunal, tuvieran la elegancia espiritual de declararse impedidos para no enredarse en la sospecha de que estaban definiendo su propio juez. También tuve la certeza, igualmente fallida, de que si no lo hacían era porque iban a declarar exequible ese punto neurálgico de una reforma que se derrumba a pedazos.

No sucedió así. Con cualquiera de las dos tesis debatidas en la Sala Plena del jueves 30, el desventurado tribunal morirá. A lo sumo habría un cambio de ponente con salvamento de voto o un allanamiento de aquél a la tesis de que, además de los vicios de procedimiento, se sustituye la Constitución, como si no lo hubiera hecho la misma Corte en algunas de las sentencias en que funge de constituyente. 

Ahora bien: como el gobierno espera el espaldarazo de la Corte al plebiscito por la paz, ninguno de sus ministros, ni el de Interior ni el de Justicia, hirvió de coraje para recusar a los magistrados. El menor de dos males era permitirles que fallaran en causa propia para salvar la convocatoria que, al final de la maratón de La Habana, aprobaron los plenipotenciarios de las Farc. Enhorabuena, hasta Plinio Apuleyo Mendoza dobló la página.

Dirán los ilustres magistrados que en las encrucijadas la potestad de defenderse no se cede, ni siquiera a los conjueces sorteados por ellos. En esas causas los escrúpulos también conspiran. Mejor cortar en directo por lo sano y hacerse los de la vista gorda con el modelo de principios que caracteriza al constitucionalismo contemporáneo. A la postre, no por eso dejará de ser el fenómeno cultural que soporta un orden de convivencia afectado, en materias más graves, por tantas otras granujadas más relevantes que zafarse de un tribunal incómodo.

Entre más se hable de conectar la ética con la filosofía, el derecho y la política, más se burla la prédica con el pretexto de que ciertos jueces, sobre todo los colegiados, se transforman en órganos de creación jurídica, en lo sustantivo y en lo adjetivo. Es una peculiaridad que los empareja, de hecho, con el legislador que establece los impedimentos que ellos omiten para blindar la muralla de las dos Cortes y los dos Consejos.
 

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