De nuevo la realidad, pero otra diferente a la que prometió Juan Manuel Santos de candidato, cuando juró que, en su gobierno, no aumentaría los impuestos. Los colombianos sentimos que si se aliviaba la carga impositiva se reactivaría el crecimiento y, obvio, se preservaba la capacidad adquisitiva de los que siempre llevan la peor parte: los que viven de su renta de trabajo. Con reforma estructural o con reparcheo.
Pero de 2012 en adelante se notaba, de lejos, el abuso en el gasto público, porque en 2014, y con Uribe alebrestado, había que jugársela por la reelección. El solo gasto en propaganda oficial se fue a 4,5 billones en un año y el precio de los votos en el Congreso, independientemente de los 27 millones mensuales y demás gabelas, rompió el récord de corruptelas incubadas desde 1968, el año santo de los auxilios parlamentarios.
Empero, el optimismo del gobierno no cejaba. Estamos creciendo –alardeaba el ministro Cárdenas– al 4,6% y nos blindamos contra el desplome en los precios del petróleo con la ley 1739 de 2014. De pronto, y al mismo tiempo que lo distinguieron como el mejor custodio de las finanzas públicas en
América Latina, quemó su paraíso con una amarga bocanada que desmintió su optimismo y deslegitimó su premio: “Necesitamos una reforma tributaria estructural”.
La confianza general se transmutó en miedo. Nadie esperaba el cornetazo, y al escucharlo, las reticencias subjetivas de los burlados avistaron la violación del juramento presidencial. La verdad verdadera es que tenemos un déficit de 39,6 billones, un crecimiento anémico del 2,2%, una inflación que roza los dos dígitos y un desempleo que recobra puntos porcentuales.
Ya vienen las consecuencias del embuste oficial contra la clase media (salarios y pensiones), puesto que la última teoría consagra el dogma de que gravar al capital ahuyenta la inversión y mata la generación de empleo. El sentido de la jubilación desaparecerá. No será tranquilidad para el viejo sino zozobra para su familia. La legalidad rapaz la priva de posibilidades objetivas de consumo. Resaca del matrimonio entre plebiscito y mermelada, y del divorcio del que contrajo políticamente la pareja del mismo sexo Uribe-Santos en el templo de la Seguridad Democrática.
En El Universal del 11 de octubre de 2016 se nos informó que entre enero y septiembre la DIAN obtuvo un recaudo bruto de $1017 billones, tres veces el presupuesto nacional y treinta veces el déficit revelado. Nos han dicho cómo nos golpeará la reforma, pero no cómo distribuirá ese monto mil diecisiete veces billonario el ministro Cárdenas, quien está dispuesto a disputarle el tálamo de la Casa de Nariño a Marta Lucía Ramírez.
La farándula y la vil trapacería, diría nostálgico don Marco Fidel Suárez, se mantienen intactas.
carvibus@yahoo.es
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