Uno de los aspectos de la realidad cartagenera que más inquieta a varios sectores de opinión es la indiferencia de las autoridades y de la clase política ante los problemas originados en el cambio climático. Una panorámica por el casco de la ciudad y por sus corregimientos, en especial los de la bahía, infunde pánico por lo que pueda sucedernos, el día menos pensado, con las borrascosas sorpresas del ambiente, como acaba de pasar en Punta Hermosa y Ayacucho (Perú).
Tonificó, por eso, que el director de la Agencia de Cooperación Internacional se reuniera con directivos del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, y con profesores universitarios agrupados en el Comité Académico de Cambio Climático, a fin de adelantar acciones que conduzcan a enfrentar los desafíos que el problema nos plantea de modo concluyente, con reacciones parsimoniosas de nuestra parte.
Tonifica, igualmente, que el doctor Londoño Zurek, el director de la Agencia, nos hubiera transmitido el mensaje de que en el poder central hay voluntad política para hallar las soluciones con hoja de ruta y disponibilidad de recursos, labor que demandará esfuerzos conjuntos de la Nación y el Distrito en la adopción de un programa específico que incluya la participación de expertos que fijen objetivos claros al Ministerio de Ambiente y al Distrito.
Pero, por otro lado, será indispensable también la voluntad política de las autoridades locales cuando el resultado de las investigaciones precise el reparto de las competencias nacional y distrital, luego de que las conclusiones de los seminarios y los frutos de la pedagogía previstos señalen el camino. Entonces comenzarán las contracciones del trabajo de parto.
Sin embargo, no es sensato descartar de plano la eficiencia del poder político local, aun mediando el propósito ciudadano de llevar a cabo un referendo revocatorio para castigar los bajos indicadores de gestión del alcalde. Alguna añada (buen año) debe atenuar ese síntoma de desconfianza en la capacidad administrativa de quienes lo ejercen, por tratarse de un empeño de grupo de dos niveles gubernamentales con interlocución frecuente por las singulares características de Cartagena.
Si hay legislación, voluntad política, estudios, recomendaciones y recursos, un equipo de trabajo y asesores muy enterados contribuirían a disolver los resabios de un centro de decisiones irresoluto y tardío, pues es obligación de los territorios invertir los dineros que transfiere la Nación en el área social, con más veras si se apropian para conjurar desarreglos del clima y evitar que un desastre natural reverse un desarrollo notable en los polos industrial y turístico de la ciudad.
Ojalá que el vinagre de los desengaños no nos siga enseñando más que los años.
Columnista
carvibus@yahoo.es
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