Al dar la Procuraduría General de la Nación el paso inicial de pedir explicaciones a los funcionarios del Distrito sobre los permisos otorgados a la Sociedad Promotora Calle 47 para rodear de edificios al Castillo de San Felipe, saltó la liebre de una modificación al POT que suscitó dudas y acerca de la cual algo había sugerido, antes de los trámites, el Ministerio de Cultura, al notar el tamaño de las moles proyectadas. Sugerencia que se desvaneció.
Contemplar la foto del primer bloque frente al Castillo desconcierta por la protuberante afectación de la visual. Al calcular cómo sería la cosa cuando se levanten las cuatro estructuras restantes, el solo ejercicio nos desprendería las retinas. Pero los representantes de la Sociedad Promotora Calle 47, dueña del proyecto Aquarela, argumentaron que tienen todos los requisitos en regla.
La simple declaración de que tienen los requisitos en regla nos indica que el cerco inmobiliario “va” llueva, truene o relampaguee, pues tales requisitos –no importa cómo los obtuvieron– aparejan derechos que los interesados harán valer por vía judicial. La legalidad formal, nos dice la experiencia, sirve entre nosotros de coartada para la depredación real del patrimonio histórico.
Sin embargo, la apertura de una acción disciplinaria por parte del procurador debe ser apoyada con una reacción ciudadana que supla con creces nuestro silencio anterior. Callamos mientras los inversionistas recalaban en el punto de no retorno, como callaron el Concejo, los parlamentarios, los gremios y los veedores. Hay que exigir castigo y cárcel, de ser necesaria, para quienes desde la función pública alcahuetean los atentados contra nuestra herencia colonial.
Ahora no puede haber cruce de brazos, ni impunidad para quienes contribuyen a cercenar un activo patrimonial de historia y cultura que elevó a Cartagena a la posición que hoy ocupa dentro de la industria mundial del turismo. Este es el precio que pagamos por elegir mal a nuestros alcaldes, ya que son muy personales, no institucionales, los compromisos y afanes que condicionan, durante cuatro años, sus preocupaciones administrativas.
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. ¡Cómo suena de bonito ese rótulo! Pero qué inútil ha resultado. Si había observado que era indispensable ampliar la zona de influencia de San Felipe de Barajas para preservarlo de la voracidad especulativa, ¿por qué no insistió en su exigencia ni la hizo pública en la prensa, la radio y la televisión a fin de que la burocracia local no se volara en rojo el semáforo de las restricciones?
Viendo el flujo de atrocidades y destrozos de los últimos meses, juro que me deprimió recordar aquel folletín titulado, aunque por otras razones, “La ciudad vencida”. Estamos al borde.
carvibus@yahoo.es
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