Marchan los estudiantes para presionar por más recursos para la universidad pública. Protestar es derecho que debe ser protegido. Pero debe ejercerse con respeto de los derechos de los demás. Las marchas paralelas por distintas vías principales de la ciudad y sin límite de horas, como en Bogotá, hacen que la movilidad colapse, con enormes costos económicos y la vulneración de los derechos al trabajo y la libre circulación de la mayoría.
Las marchas están altamente politizadas, en el peor sentido de la palabra. Se hacen contra un gobierno que apenas empieza y que no tiene ninguna responsabilidad en el estado actual de las cosas. Y son utilizadas por los dirigentes de la izquierda.
Para este Gobierno la educación es una prioridad. Santos radicó un presupuesto que disminuía en un 40,2% la inversión en educación, pasando de 3.345 mil millones de pesos (2018) a 2.058 mil millones de pesos (proyecto 2019). Duque lo ha aumentado un 22,4%, para alcanzar 4.217 mil millones. Como el gasto de funcionamiento es de 37.258 mil millones, el total será de 41,5 billones, mucho más alto que el de defensa (33,4 billones) y salud y protección (32,3 billones).
¿Es insuficiente? Ningún dinero alcanza en un país como Colombia. Además, en medio de la apretada crisis fiscal que heredamos, el aumento para educación supone también salir a conseguir esos dineros, probablemente por vía de nuevos impuestos. El presupuesto de 258,9 billones, está desfinanciado en 14 billones.
Aún así los estudiantes pretenden seguir en paro, con el argumento de que el aumento no basta para resolver el déficit de las universidades públicas. A ellos se sumarán los maestros cuando FECODE vote su huelga el martes. La respuesta fácil sería aceptar las pretensiones. ¿Pero es eso lo que debe hacerse? Y si es lo debido, ¿cómo habría que hacerlo?
Primero, la discusión no debe hacerse en medio de los paros. El aumento de billón y medio que ha hecho este Gobierno ha sido interpretado no como prueba del compromiso de Duque con la educación pública, sino como debilidad. Le están midiendo el aceite.
Segundo, es indispensable examinar la naturaleza del gasto. Si se aumenta el presupuesto sin hacer cambios urgentes, solo es echar dinero a un barril sin fondo. La clave está en la calidad de los maestros, pero estos se niegan a dejarse examinar. El mayor esfuerzo gubernamental debe negociarse a cambio de que el sector baje gastos de funcionamiento y mejore la calidad.
Tercero, es indispensable definir los énfasis: ¿más universidad pública o mayor cobertura de cero a siete años? ¿Más universidad pública o acceso pleno a primaria y secundaria en el sector rural? ¿Más licenciaturas o muchas más técnicas y tecnológicas?
¡El debate de la educación en Colombia no puede ser solo presupuestal!
*Abogado y analista político
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