La historia en Cartagena se repite como tragedia no como comedia, aunque lo es. Sabíamos lo que vendría y pasó: la Procuraduría General al alcalde suspendió y vivimos en la ciudad la reedición del drama de (in) gobernabilidad.
El Procurador Carrillo lo clarificó: “me llevo el proceso para Bogotá porque acá no hay garantías”, ni ley, digo yo. Increíble, ante el crimen de 21 seres humanos no hay siquiera un preso.
Vergüenza debe darnos como ciudadanos por soportar resignados el modelo clientelista, sus torcidas articulaciones, pagos a inversionistas y, sobre todo, por los neutralizados entes de control distritales de calculada ceguera, miedos o inexplicable ausencia.
La corrupción, sangre del modelo del todo se vale, compra complicidades ciudadanas y también el silencio de empleados de curadurías, notarias, instrumentos públicos, que conocen lo que está pasando pero callan. Por diferentes razones no contribuyen a frenar el enriquecimiento ilícito y el fraude a la ley, que sin columnas se fragua.
Cómo será de grave el asunto que la Superintendencia de Notariado y Registro anunció que en julio asumirá el control de las curadurías, y ojalá intervenga también para frenar y deshacer el loteo que sobre bienes de uso público hace el Agustín Codazzi.
Cómo explicarse que frente a la modificación del paisaje barrial, líderes comunales no alertaran de las más de 70 construcciones ilegales, que se atropellara el POT y no se exigieran informes a (des) control urbano, y peor aún, que no los tuviera.
Es que la ilegalidad privada, con prevaricato implícito, es un rentable negocio que baja costos, atropella a los trabajadores, excede el espacio constructivo y, entre otras, no cumple con seguros, retiros ni parqueaderos. Así la competencia de un constructor legal es eliminada y se monopoliza el mercado de los estratos 3 y 4.
Pero es que no son las únicas ilegalidades y coartadas de legalidad que se potencian con el modelo de administración sin controles, ganancias desbordadas y complacencias pagadas.
Por ello necesitando la región descentralización, aplaudimos la presencia y acción de los entes de control nacionales para poder defender la transparencia de la acción pública.
En Cartagena no son solo construcciones sino la apropiación del suelo, rellenos en ciénaga y bahía, licitaciones e inversión.
A propósito ¿será que la Alcaldía, Dimar y Cardique no han visto en Bocachica un hotel que está irrumpiendo en territorio rural propiedad de El Árabe, que no es árabe?
Con la suspensión de Manolo -que no me alegra- seguro ya se activó la negociación de las casas políticas electoras.
¿Quiénes integrarán la terna? ¿Qué pasará si luego de los 90 días se prorroga la suspensión?
Con la enorme inversión nacional para la defensa costera y los canales pluviales, ¿Santos complacerá a los políticos o elegirá a alguien de su confianza?
¿Amanecerá y padeceremos?
*Abogado ambientalista y comunicador
rvergaran@yahoo.com
Comentarios ()