Mientras la mayoría de los colombianos y los trabajadores de la educación seguimos firmes, respaldando el proceso de paz, el gobierno pretende esconder la inconformidad, los problemas del pueblo y en particular los compromisos con la educación y los educadores.
Es un “programa de alimentación escolar” que no le llega a la mayoría de los estudiantes, de cantidades y calidad absolutamente insuficientes y con la descarada implementación clientelista, politiquera y corrupta, en detrimento de la vida e integridad física de los niños y los jóvenes.
Como es de conocimiento público, el presidente JMSC enarbola como bandera de campaña y objetivo programático, a “Colombia, la más educada en 2020”.
Para ello se ha embarcado y comprometido al país sin ninguna consulta ciudadana y mucho menos sin consulta previa del sector vinculado con la educación (padres de familia y estudiantes) y en particular trabajadores de la educación, en vincularlo y/o matricularlo a la OCDE.
La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es un organismo internacional que desde 1960, al decir de ellos, asesora a los países para mejorar sus políticas públicas.
Ha centrado sus esfuerzos en descifrar cuáles deben ser las acciones a orientar para los cambios económicos, sociales y ambientales, y para ello, establece estándares internacionales en políticas públicas.
Está conformada por 34 Estados, su sede está en Paris (Francia), es conocida como el “Club de los países ricos”, porque agrupa a países que proporcionan al mundo el 70% del mercado.
Recomiendan aumentar la progresividad del impuesto a la renta, gravando los dividendos y eliminando exenciones regresivas, pero de igual forma, “bajar Smlv y gravar las pensiones altas”.
No contentos, el ministro del Trabajo y JMSC, el 8 de abril, firmaron el decreto 583 de 2016 mediante el cual legaliza la tercerización laboral ilimitada en Colombia.
La Andi, desde hace años, exigía al gobierno derogar el art- 63 ley 1429 de 2010, que limitaba las posibilidades de la tercerización.
Santos ya había avanzado algo con el eufemístico artículo 74 del Plan de Desarrollo (ley 1753 de 2015) y con este decreto, recién sancionado por el gobierno y en especial por el ministro ex sindicalista Luis Eduardo Garzón, se enterrarán las esperanzas de trabajadores, sindicatos y los acuerdos del Plan de Acción Laboral.
Los empresarios, el gobierno, el congreso, los jueces, ministerio público, órganos de control, tendrán que responder por estos nuevos falsos positivos en el postconflicto, porque ¿cuál es la paz que están prometiendo?
*CUT BOLÍVAR
cutbolivar@gmail.com
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