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Medidas cautelares CIDH

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

Por: GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

20 de Octubre de 2017 12:00 am

Apenas se inició la huelga en Avianca, la empresa emprendió una nefasta campaña de criminalización del sindicato y de los pilotos afiliados.

Los medios de comunicación estigmatizan y juzgan al sindicato y sus afiliados y finalmente el Estado interviene para sabotear la huelga y violar los derechos del sindicato.

El Ministerio del Trabajo, ilegalmente, de oficio, convoca un tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto.

La Aeronáutica Civil, autoridad que debería garantizar la seguridad aérea, modificó su reglamentación para permitir la contratación de trabajadores extranjeros para reemplazar a los huelguistas.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró ilegal la huelga con base en criterios contrarios a la Constitución, a la jurisprudencia constitucional, al Convenio 87 de la OIT y a los pronunciamientos de la OIT.

La Fiscalía cita a formulación de cargos penales al presidente del sindicato por denuncia interpuesta por Avianca, por supuesto pánico económico.

El Estado colombiano ha incumplido lo resuelto en el caso 2362- OIT, que recomendó a al Gobierno tomar medidas frente a los pactos colectivos en Avianca S.A. y garantizar la negociación colectiva y la sindicalización.

La posición asumida por el Estado y el Gobierno nacional está en clara defensa de los intereses particulares de la empresa Avianca.

Hasta el momento, ni Mintrabajo, ni Fiscalía, ni Procuraduría, ni ninguna otra autoridad nacional, han tomado medidas para proteger los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga en este conflicto colectivo vigente.

La Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas CSA y la CUT, se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, con el objeto de solicitar medidas cautelares en favor de los miembros de Acdac.

La medida cautelar del CIDH está direccionada a que el Ministerio del Trabajo proceda a realizar de oficio la revocación de la decisión en garantía de los derechos constitucionales de Acdac.

Requerir al Estado colombiano su intervención inmediata, de tal manera que los derechos sindicales y la libertad de asociación de los afiliados de Acdac no sufran un perjuicio irremediable.

Qué vergüenza que en nuestro país, con Nobel de paz a bordo, se tenga que acudir a la justicia internacional, CIDH, porque muy a pesar de las denuncias al ‘Cartel de la toga’, se protegen los intereses del poder económico. 

Qué desgracia, que muy a pesar que el nuevo Ministerio de Trabajo es una reivindicación del Plan de Acción Laboral, de la clase trabajadora, este ministerio, violando la Constitución y la ley, protege los intereses de las multinacionales.

 

 

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