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“Mejor fácil que difícil”

RUDOLF HOMMES

Por: RUDOLF HOMMES

26 de Marzo de 2017 12:00 am

La pieza de sabiduría pambeliana que aparece como título de este artículo se refiere a la preferencia que revela el gobierno, a cualquier nivel, de optar por las soluciones más difíciles, o de posponer tomar decisiones hasta que no quede más remedio que escogerlas. Cuando competíamos con los actuales propietarios de Avianca para comprar la compañía en representación de una aerolínea extranjera le presentamos al entonces ministro de Hacienda una solución para garantizar las pensiones a cargo del fondo de pensiones de los pilotos, con títulos de deuda externa del gobierno colombiano de largo plazo, que entonces estaban muy baratos. El ministro se sorprendió con la fórmula y me comentó, medio en chiste y medio en serio, que la solución era “tan buena que seguramente era ilegal”, refiriéndose a que quizá existía una norma o alguien que impediría aplicarla, y así fue.

Quizá esto explica por qué el gobierno se enredó de la manera como se ha enredado con Electricaribe. Después de gastar billones de pesos adicionales el problema sigue sin solucionar, el gobierno colombiano corre el riesgo de pagar una indemnización que vale miles de millones de euros, creó un antecedente que le impedirá al sector bancario otorgarles crédito a empresas que son proveedoras de servicios públicos esenciales, y la región sigue padeciendo un servicio de energía subnormal que genera enormes costos y padecimientos. 

Seguramente existía una solución más fácil si se hubiera encontrado cómo negociar, entre otras, que la cartera a cargo de entidades públicas le fuera cancelada y que esta recuperación se invirtiera en mejorar la red, o algo por el estilo, distinta a la solución escogida. Pero eso quizá era imposible porque podría haber implicado enormes riesgos jurídicos para los funcionarios involucrados y se prefirió el camino que puede costar mucho mayores. El espectro de Dragacol ronda las oficinas públicas con la amenaza de cárcel y pérdida de patrimonio y de su futuro profesional para los funcionarios diligentes que se atreven a decidir lo que menos daño cause o lo que más conviene, cuando hay una entidad privada que también se beneficia de estas acciones.

Se necesita una institución, al estilo de Fogafin, quizá adscrita al ministerio de Hacienda, que pueda intervenir legalmente, y negocie soluciones con los propietarios privados de empresas que prestan un servicio público esencial que están en dificultades y que no se pueden dejar fallar, sin necesidad de ir a los tribunales ni de poner a la empresa en peligro de extinción para prevenir que un contralor, un procurador o un periodista, sin la capacidad de entender la dimensión del problema, digan que estuvo mal hecho o que se benefició el propietario.

*****
Un amigo dice que le da pereza salir a marchar el 1º de abril porque qué tal que se encuentre con García Morales, Bula, Joselito Guerra o Jorge Pretelt 

 

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