Usted, lector urbano, quizás conozca poco sobre la tierra, más allá del estereotipo de su falsa concentración –que no el abandono del Estado– como causa de la pobreza y la violencia rural.
Es razonable que lo suyo sea la movilidad, la inseguridad urbana y la corrupción, y que pase la página frente a la discusión de un proyecto de ‘Ordenamiento Social de la Propiedad Rural’. Para quienes estamos cerca del problema es también difícil explicarlo, sin ser acusados de terratenientes explotadores.
No estamos en contra de la tierra para el campesino, pero si no le garantizan condiciones productivas, pasará a ser solo un pobre con tierra, como ha sucedido durante décadas. Estamos en contra de quitarle a los propietarios legítimos la tierra que se necesita, y no a quienes se apropiaron baldíos y a los bandidos que la robaron o compraron con dineros malditos para garantizar control territorial a sus actividades ilegales, las Farc entre ellos.
Con esos despojadores, hoy socios del Gobierno, se negoció la política de tierras. Y el Gobierno se obligó, vigilado por una comisión de seguimiento que decide lo que se puede y no se puede. De allá viene el proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, cuya ‘socialización’ fue un engaño a la opinión citadina –a usted–, porque el Gobierno no tenía capacidad para modificar nada en contra del Acuerdo fariano.
Por eso se maquilló y se partió en dos, dejando en un decreto ley, dizque procedimental, lo que a las Farc les parecía urgente, y en un proyecto de ley los temas ‘incómodos’, para ser debatidos en un Congreso que anunció desobediencia a los pronunciamientos de la Corte Constitucional.
Estamos frente a un modelo de desarrollo rural que desprecia la productividad en pro de la ‘minifundización’ y el control territorial de las Farc. Más grave aún: el “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural” será cuota inicial de más amenazas contra la propiedad privada, hoy de la tierra, mañana de otras formas patrimoniales urbanas, como la propiedad accionaria de bancos e industrias. Venezuela es ejemplo.
El Gobierno es esclavo de sus compromisos, pero las metas del Acuerdo lucen imposibles: 700 mil hectáreas anuales de formalización y 300 mil gratuitas, amén de más Zonas de Reserva Campesina; todo enfrentado a un Gobierno sin plata.
¿Qué hacer, si el Estado fracasó en recuperar baldíos y extinguir dominios?
La solución viene escondida en los proyectos, con la extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica y con un ‘Procedimiento Único’ que, unido a un catastro convertido en prueba para definir propiedad y linderos, desconocerá legítimos títulos de propiedad.
Con sus baldíos, si logra recuperarlos, el Gobierno puede hacer lo que le venga en gana, pero la legítima propiedad privada de la tierra es constitucionalmente sagrada.
Presidente Ejecutivo de Fedegán
t@jflafaurie
Comentarios ()