Distintos sectores reclaman una constituyente. Sorprende que fuerzas disímiles como las FARC, el uribismo y el petrismo coincidan en que hay que revaluar el orden constitucional. Las FARC consideran que el modelo político-económico en la Carta Política (C.P.) impide que se reforme el orden establecido; el uribismo sostiene que no es posible reformar la justicia mediante los mecanismos de la Constitución; y el petrismo piensa que la C.P. no amplió bien la participación democrática.
La C.P. no es obstáculo para resolver graves problemas como la salud y la educación. Establece que los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado directamente o por particulares bajo la supervisión de las autoridades. De modo que la C.P. admite casi cualquier esquema para proveer servicios de salud y educación, acceso gratuito o subsidiado, prestación a cargo del Estado o de privados, y mercados poco o muy regulados (en precio, calidad y cantidad).
La C.P. tampoco impide el acceso y la distribución de tierras, las zonas de reserva campesina y el uso adecuado de la tierra improductiva. La solución a la mayoría de los problemas del país está en la gestión pública, sin que se requieran cambios constitucionales.
De igual forma, suprimir las funciones electorales de las Cortes, modificar los requisitos y procedimientos para ser magistrado, la eventual eliminación del Consejo Superior, tan sólo requerirían de un acto legislativo concreto. Y la congestión de los despachos judiciales, la capacitación de los funcionarios, y el aumento del presupuesto de la rama, son de ley y buena gerencia.
Es cierto que la destitución de Petro genera un debate sobre la conveniencia de que un funcionario administrativo destituya a servidores elegidos popularmente, y plantea dificultades para Colombia en el Sistema Interamericano, pero no amerita por sí sólo una constituyente.
Pareciera, entonces, que esos sectores políticos pretenden una constituyente sólo para crear el escenario hacia una nueva C.P. que quede a la medida de sus ideologías, o como un foro para imponer sus doctrinas. Olvidan que la C.P. debe ser un texto medianamente neutral que organice el Estado, establezca reglas de participación democrática, y garantice los derechos de las minorías políticas y sociales.
Esas facciones esgrimen la idea de una constituyente porque quieren una C.P. acorde con sus banderas políticas, pero deben entender que no es la hora de rupturas constitucionales, sino de buen gobierno y realizaciones institucionales. Parodiando el lema de Rafael Reyes habría que decirles que necesitamos “Menos política y más administración”.
*Abogado y Filósofo
tiradojorge@hotmail.com
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