Muy graves las irresponsables afirmaciones de Mindefensa, señor Botero, al decir que “Los dineros ilícitos financian la protesta social” y también aseveró que detrás de los cierres de vías a modos de protesta siempre hay mafias organizadas.
Frente a la movilización social, insiste regular el ejercicio de la protesta social, no se centra en buscar soluciones al exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, indígenas y campesinos de los sectores alternativos.
Fecode y la Cut han exigido al nuevo gobierno un estatuto único, prestación digna del servicio de salud, mejorar la financiación de la educación en el presupuesto de 2019, y una reforma Constitucional progresiva al Sistema General de Participaciones.
Pese a que la Superintendencia de salud ya sancionó a dos prestadores de servicios de salud del magisterio, para Fecode queda un sinsabor, puesto que las quejas y reclamos continúan aumentando por parte de los maestros y sus familias.
Siguen las violaciones de Cerromatoso, South 32, Bhp Billinton, al derecho de sindicalización, luego que un juez de la República ordenara el reintegro de los compañeros Yacir Luna y Jorge Galvis, y de la injustificada dilación de la empresa.
Embargadas sus cuentas, decidió reintegrarlos, aplicándoles la exoneración de servicio, Art- 140 del CST, para mantenerlos aislados de los trabajadores, pese a ser dirigentes sindicales de la federación Utrammicol y afiliados a Sintracerromatoso.
Conminamos a Mintrabajo a garantizar la libertad sindical en Cerromatoso, y a la alta dirección de estas multinacionales a respetar el derecho de asociación sindical y promover una política de diálogo social con respeto a sus derechos adquiridos.
Extrañamente la Corte Constitucional este mes decidió anular la orden que le había dado a Cerro Matoso en diciembre 2017, de indemnizar a unas 3.000 personas de comunidades vulnerables afectadas por la operación de su mina de ferroníquel.
El retroceso, por demás es injusto, inhumano e inequitativo, en la sentencia SU - 079 de 2018 de la Corte Constitucional estableció que entre las madres comunitarias y (Icbf) no existe ninguna especie de vínculo laboral, o contrato realidad.
Hay amenazas contra la Tutela, que es el instrumento más importante para defender los derechos fundamentales. Estas políticas de la ultraderecha y los neoliberales son impuestas por unos congresistas sin Dios, sin conciencia ni alma.
La realidad laboral con el gobierno corporativo de Duque, amenaza a unas reformas arbitrarias tributarias, pensionales, laborales, lo cual es un panorama que llama a la movilización social, como camino constitucional, legal de reivindicación y lucha.
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