El gobierno nacional presentó al Congreso de la República un proyecto de Ley para aprobar una nueva reforma tributaria en Colombia. Los analistas comentaron que esa iniciativa se justifica por los costos del posconflicto, el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la paz, equidad y educación. Las críticas y la férrea oposición del sector empresarial del país y de un grupo de expertos no se han hecho esperar.
El gobierno distrital también presentó un proyecto de Acuerdo para aprobar una reforma tributaria para Cartagena. Ello preocupó a ciudadanos, empresarios, dirigentes gremiales, académicos y al Concejo distrital. Las críticas al proyecto son oportunas y justificadas. En primer lugar, los cartageneros aún recuerdan la actualización catastral de 2010 que en promedio aumentó en un 130% el valor de las viviendas en el distrito. Por esa medida, en diversos sectores de la ciudad los avalúos catastrales están por encima del precio de mercado. En ese momento, la medida unilateral no fue validada por el IGAC y la administración de la época con la comunidad.
Un año más tarde, se buscó aprobar un incremento de tarifas en los impuestos territoriales, bajo el manto de los principios de equidad y progresividad. Allí la comunidad cartagenera se movilizó y con el apoyo del cabildo distrital, impidió que se produjera ese alza a familias y empresas.
Juntar dos reformas tributarias, una nacional y una local, en una misma vigencia fiscal, es excesivo y podría ser que la mayor tarifa no produzca mayores recaudos, sino una evasión aún mayor, castigando a los ciudadanos y empresas que tributan a tiempo, premiando a evasores y elusores.
Según la Exposición de motivos, la iniciativa le apuesta más a incrementar tarifas que a la eficiencia en el recaudo. No revisa exclusiones, exenciones ni gastos tributarios que podrían evitarse. Tampoco hay metas de recaudo, estrategias de cultura tributaria ni estudios sobre la capacidad de pago de los cartageneros, para determinar si el asunto es de responsabilidad ciudadana o de pobreza y miseria.
Dados los problemas estructurales de las finanzas de Cartagena y la coyuntura, lo que se impone es una estrategia integral para: 1) acabar con las exenciones inconvenientes; es decir, las que no van en la misma vía del plan de desarrollo y las apuestas de competitividad de la ciudad, 2) reducir al mínimo las prescripciones, 3) incrementar la tasa efectiva de recaudo, 4) fortalecer a la Secretaría de Hacienda con recurso humano de planta especializado, y a la Oficina de Impuestos con personal y recursos financieros para implementar acciones de cultura tributaria, y responsabilidad ciudadana, 5) implementar novedosas formas de cobro y recaudo, y 6) ajustar las tarifas locales a la ley, para armonizarlas con la regulación nacional.
*Concejal del Partido Conservador
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