Columna


No hay paz mala

ÁLVARO E. QUINTANA SALCEDO

02 de septiembre de 2016 12:00 AM

Durante más de 50 años los colombianos tuvimos que afrontar las peores consecuencias de la guerra. Más de 9 millones de víctimas reclaman aún justicia y sufren las secuelas de una conflagración que  fragmentó a sus familias, el tejido social, e impactó tan negativamente en su calidad de vida.

Llegado el final del diálogo, se presenta ahora la refrendación.  Debemos comprender primero que no era  responsabilidad los colombianos refrendar el acuerdo.  La refrendación ciudadana no era una obligación al final del proceso, pero fue el presidente quien se comprometió con el plebiscito como mecanismo para garantizar que los ciudadanos pudieran tener voz en el proceso. Pero tampoco es tan cierto que somos los que tenemos la última palabra.  El plebiscito no es vinculante, luego el presidente es quien decide. En otras palabras. Si Santos hubiese querido, impondría lo pactado, tal como lo hizo su antecesor, con la desmovilización de los paramilitares.

Por supuesto que los acuerdos generan cierto escozor. La grima radica en temas como las curules de participación política en el congreso, la no restricción de libertad en cárceles y los beneficios económicos para su efectiva reintegración. Pero es necesario apartar los prejuicios y comprender algunas situaciones que se dan en todos los procesos de resolución de conflictos y construcción de paz.

1. Todos los procesos de paz contemplan algún grado de amnistía o perdón, que muchas veces puede entenderse como impunidad. En este caso, los beligerantes no estarán privados de la libertad con barrotes, pero si en zonas específicas. Sabroso dirán algunos. Pero cuidado, en una negociación cada quien pone sus condiciones.  Es insensato decir que como “ser pillo paga”, entonces mejor meterse a guerrillero o narco. Se trata de un tipo distinto de justicia: la justicia transicional, que tiene preponderancia en estos casos. Obviamente esto deja una tarea pendiente: ¿De qué manera equiparamos justicia transicional y justicia ordinaria; para que no se genere inequidad al impartir justicia?

2. En muchos otros procesos de paz se ha negociado la transición política de los grupos armados. En Uganda, El Salvador, Guatemala, entre otros;  los alzados en armas hacen parte hoy día de las esferas de poder.

3. La paz cuesta. Tiene costos como la guerra, pero menos. A nivel internacional en promedio un desmovilizado ha recibido 1500 dólares de estipendio mensual, aparte de otros beneficios económicos que reemplacen las actividades ilícitas mientras se reintegran. ¿Si no de que viven? ¿Qué garantizaría que no volverían a delinquir?

Algunos dicen que esto es un acuerdo político. ¡Por favor todos los acuerdos son políticos! Lo que no deberían, es ser politizados. La paz no merece ser politizada. Por otro lado, la paz tiene implicaciones religiosas y morales, pero nunca debería ser fundamentalizada, La paz no merece obstáculos mezquinos. Merecemos una paz transparente y buena, aunque como dijo Benjamin Franklin: No hay paz mala.

*Docente Universitario
alvaroquintana@gestores.com
 

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