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No mas injusticia

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

Por: GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

10 de Marzo de 2017 12:00 am

El “Nobel de paz” prioriza atender las directrices de la banca internacional antes que las reclamaciones de las madres comunitarias, consideradas entre las más humildes de las humildes.

La negativa de Santos a firmar la Ley 170 al considerar su inconstitucionalidad e inconveniencia fiscal, encarna bien el modelo que representa y denota claramente para quién gobierna.

Lo ocurrido el 26 de enero del presente año no solo atenta contra la dignidad y la vida de estas humildes mujeres, sino que burla hasta el fallo de los jueces, pero sí firma sin reparos el inequitativo aumento de salario de los congresistas.

Es un mandato constitucional y legal como Estado, prevenir y combatir la discriminación, pero JMSC y el ministro de Hacienda son campeones en injusticia social y en burlarse también de los derechos adquiridos de pensionados de este país. Se revela una discriminación que el Gobierno y el Estado colombianos están en la obligación de garantizar para promover una igualdad real y lograr la eficacia del derecho al trabajo decente como derecho fundamental.

Las madres comunitarias son sujetos de derecho, ciudadanas que demandan respeto a la seguridad social, dignidad humana, pensión y que se reconozca la formalización del empleo desde el Estado. Carlos Gaviria Díaz, en la sentencia SU - 224 de 1998, 18 años después, se llega a la decisión que recomendaba. En la Sentencia T- 480 del 2016, la Corte Constitucional explicó cómo el (Icbf) vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital y al trabajo digno de 106 demandantes.

El  fallo dice que sí recibieron el pago de una suma de dinero como retribución al servicio, que personalmente prestaron servicio dentro del programa HCB y sí hay subordinación sin importar la figura comercial o civil que impusieron. Así las cosas, y al estar reunidos estos tres elementos esenciales, la alta corporación judicial constató que entre el ICBF y las 106 accionantes sí existió contrato de trabajo realidad. Vale la pena recordar que la implementación legal de dicho programa se tuvo a partir de la vigencia de la Ley 89 de 1988. En buena hora esta determinación de la Honorable Corte Constitucional, es un triunfo para esas madres que dieron todo y dan todo por la niñez de este país.

Las centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados, en el Día de la mujer, apoyan a las madres comunitarias en su justa lucha por sus derechos al trabajo, a la seguridad social y contra el trato discriminatorio de género. No más injusticia, exhortamos y exigimos al Gobierno, al Estado, avanzar, respetar y garantizar la estabilidad laboral y pensiones de las madres comunitarias.

 

 

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