Qué penoso ver que pronto, si no interviene el alcalde Vélez y no se hacen los cambios previstos en el decreto presidencial en la Dimar y la Capitanía, lamentaremos accidentes y muertes en las playas de Cartagena, especialmente cerca a La Boquilla, porque la corrupción, el desgobierno y la desidia de los entes de control dejaron que se les salga de las manos. Reina la ley del más fuerte, cada institución da permisos para cobrar, pero no responde de sus efectos, cada sector esta parcelado. El manejo de carpas, vendedores ambulantes, negocios de licor y música eran impensables antes en playas familiares, que aumentan sin importar el daño ambiental y ecológico.
Los negocios aparecidos en la temporada sin saber con permiso de quién, generan un ruido infernal por encima de los decibeles legales. Los vecinos denuncian, pero la policía y los resultados faltan. Pero si alguien quiere embellecer su fachada, sembrar una palma, pasto, poner una caneca o reflector por seguridad, ahí sí aparecen los antes mencionados con el rigor de su poder.
Las sentencias populistas dan derechos de forma irresponsable a los pobladores y vulneran la obligación del Estado y la justicia, en nombre de la misma, de no atropellar los derechos fundamentales de todos, así no nacieran allí y en especial el de la vida, en riesgo para muchos turistas y vecinos que se bendicen para entrar a estas playas donde reinan licor, prostitución y drogas.
Es absurdo que en las playas cercanas a Las Américas unos leguleyos arriesguen la vida de turistas y el empleo que dicen defender, porque debido a la sentencia sobre estas, quitaron las vallas que prohibían circular vehículos y las bollas de protección que evitaban que los Jetski, cometas, botes y donas pusieran en peligro a nadadores y bañistas. Si la sentencia buscaba permitir la pesca artesanal a los boquilleros, debió prohibir todos los elementos náuticos y la circulación vehicular para evitar las muertes pronosticadas. Al no hacerlo serán los magistrados grandes responsables por su omisión.
Hay que agradecer a la divina providencia no tener que lamentar más de lo que las autoridades llaman hechos aislados, electrocutados por no cambiar las redes viejas de energía, robos permanentes en la playa, violación de turistas en la ciénaga y su tugurización con más de 800 familias, es una ciudadela con daños ambientales y de salubridad en las narices de la Dimar, el alcalde y lo que es peor, un negocio para los tinterillos manipuladores de las tutelas del sector que esperan aprovechar cuando se dé el desalojo, negociando con la Concesión.
Pediré a los entes de control nacional que revisen los permisos y actuaciones de los últimos meses de los funcionarios de la región que parece cayeron en las redes de los innombrables.
*Senador
sanchezca42@hotmail.com
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