Aunque desapercibida en la campaña electoral, El Tiempo publicó una entrevista a Luis Carlos Villegas, quien pasó de presidente de la ANDI a negociador de paz y embajador en Washington. Con igual velocidad se acomodó a negociar con las Farc. En 2010, como presidente de la ANDI y del Consejo Gremial Nacional, afirmaba que “…será la hora de cerrar...el capítulo de la violencia sin concesiones distintas a las que otorga la Constitución. Sin despejes distintos a los del cese unilateral de la amenaza contra los colombianos”.
Dos años después, se ablandó en un proceso que olvidó el cese unilateral, y en representación de los empresarios, olvidó la mitad agropecuaria del país y aceptó que se negociara el desarrollo rural. ¿Cuál sería su posición si las Farc exigieran negociar el desarrollo industrial? ¿Comparte con el Gobierno que el desarrollo rural no es parte integral del modelo de desarrollo? ¿Que la producción agropecuaria y la economía rural no son importantes en el desarrollo nacional y se pueden poner sobre la mesa para comprar el silencio de las armas narcoterroristas?
Desde la embajada afirma que “Las Farc deben escoger si quieren seguir vinculadas al crimen organizado o si se desarman y se convierten en un partido político (…) Sin resolver este tema no habrá acuerdo”. Es insólito que el embajador, antes nuestro aliado en la política antinarcóticos, reconozca que el Gobierno la negocia con un grupo que aún no resuelve si continúa vinculado al crimen organizado del narcotráfico, así adopte ese tono emplazatorio y enérgico que ya no es el de sus épocas de negociador en La Habana.
Sin resolver la condición narcotraficante de las Farc no podría haber acuerdo, la discusión ni siquiera debió iniciarse sin entregar plantaciones, laboratorios, rutas, condenados y cómplices. A pesar de las sentencias de la justicia colombiana, las circulares rojas de Interpol y las millonarias recompensas de Estados Unidos, las Farc insisten con cinismo en que no son narcotraficantes y para sentarse a la mesa, el Gobierno se hace el que les cree. Es lo que se desprende del comunicado donde afirman que “Tanto el Presidente de la República, como sus plenipotenciarios en la mesa han afirmado que la guerrilla de las Farc no es una organización narcotraficante y que por eso están dialogando con ella”.
La verdad es otra. El Gobierno se debate entre sus compromisos antidrogas con Estados Unidos y los que negocia con el cartel de las Farc. Por la ambivalencia del embajador, contundente al afirmar que Colombia no renunciará a los instrumentos contra el narcotráfico, incluidas la fumigación y la extradición, mientras deja colar la insinuación de que, de firmarse un acuerdo, la extradición sería “el principal instrumento de prevención de no reincidencia en el narcotráfico para las Farc”. Es decir, se dejaría como garantía de no repetición hacia delante.
Hacia atrás, las Farc quieren impunidad; el Fiscal, trabajo social; los Estados Unidos, apoyo en micrófonos y extradición en sus estrados judiciales. ¿Y el Gobierno? Pues la reelección a toda costa. Ya verán las declaraciones de este viernes al cierre de la ronda, vísperas de elecciones.
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@jflafaurie
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