A juzgar por la intensa actividad en su cuenta de Twitter con 32 millones de seguidores y por las veces que autoproclamó a su gobierno como el más transparente de la historia, Barack Obama aparenta ser un paladín de la libertad de prensa y de políticas favorables a la divulgación de información oficial.
Pero en la práctica, está lejos de su prédica. Durante su Presidencia se ha dispuesto la clasificación indiscriminada de documentos oficiales y se ha perseguido judicialmente a delatores del gobierno y a más de 50 periodistas para que divulguen sus fuentes de información, argumentando la seguridad nacional, como en países autoritarios que restringen las libertades.
La pobre performance del gobierno se puso de nuevo en evidencia en estas semanas. El Departamento de Justicia, en forma secreta, obtuvo los registros telefónicos de 20 periodistas y editores de la agencia de noticias AP, en una aparente investigación sobre fuentes gubernamentales que delataron un plan terrorista fallido, que habría comprometido la seguridad nacional y de ciudadanos según el gobierno.
Al mismo tiempo, el FBI calificó de conspirador al periodista James Rosen, de Fox News, luego de acceder a su correo electrónico y verificar las fuentes oficiales confidenciales que usó en 2009 para informar sobre ensayos nucleares de Corea del Norte.
No son hechos fortuitos, sino una conducta común de este gobierno, que tiene el récord de haber procesado a seis de los nueve informantes que fueron acusados mediante la Ley de Espionaje que data de 1917.
Las pesquisas contra la AP y Rosen representan un abuso de poder, una forma de enviar un fuerte mensaje a los delatores para disuadirlos a ofrecer información que el gobierno trata celosamente de ocultar. En todo caso, si el gobierno pretendía saber sobre las fuentes, podría solicitarlas abiertamente, y de esa forma los medios hubieran tenido la posibilidad de colaborar o de negarse anteponiendo recursos judiciales.
Esta política de acoso secreto a fuentes y periodistas es contradictoria con la Ley para Mejorar la Protección de los Denunciantes que Obama sancionó en noviembre de 2012, con intención de proteger a los empleados federales que informan sobre corrupción o ilegalidades en el gobierno y, de paso, que salvaguarda a los periodistas, quienes deben recurrir a delatores, cuando las fuentes oficiales permanecen herméticas.
Para que las apariencias se concreten en hechos, sería recomendable que en vez de perseguir a periodistas, Obama resguarde la libertad de prensa impulsando a nivel federal la promulgación de la Ley de Libre Flujo de Información que protege el secreto periodístico sobre las fuentes. Una ley que demoran tanto demócratas como republicanos, pese a que en 2007 obtuvo media sanción del Congreso.
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