No creo equivocarme al entender el Estado como una organización creada para promover el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos; asegurar la convivencia pacífica, y garantizar el respeto de sus derechos. Las demás funciones se le subordinan a estas, o son su consecuencia.
Con el Revolcón del que hizo parte la nueva Constitución, se pasó, de una economía altamente monopolizada por unos tres o cuatro grupos económicos grandes y poderosos protegidos por el Estado, y este, a una en manos del sector privado con escasa participación Estatal. La gente se enseñó a pensar en términos económicos, y a hacerse respetar como consumidor y demandante de bienes y servicios: eso fue ganancia.
Se crearon las entidades reguladoras y supervisoras que se encargarían de regular el poder que ganaba el sector privado: las primeras se encargaron de establecer las normas bajo las cuales se ejercía la actividad económica propiciando un mercado de libre competencia para cada industria o sector de la economía; y las segundas de vigilar y sancionar las prácticas monopólicas de las corporaciones, y los abusos que estas cometieran contra los ciudadanos.
Se establecieron los Derechos de Petición y un Recurso más antes de que un reclamo fuera a parar a las Super, que funcionaba como juez para los casos mencionados, y tardaban unos 6 meses en responder, pero a veces le daban la razón al ciudadano.
Por otro lado y con el fin de descongestionar los juzgados, se estableció el mecanismo del arreglo directo entre las partes que se daba en los llamados Centros de Conciliación (CDC), como requisito previo a las demandas. Eso también fue ganancia.
No obstante el facilismo, la conducta del menor esfuerzo y el menor riesgo, lo prostituyó todo. Los CDC no hacen más que facilitar el cumplimiento del requisito (sin indicadores de éxito que midan, ni quien premie o sancione la gestión, pocos serán los casos que se resuelvan allí). Y los DP, que ahora exigen los jueces como su sustituto cuando se trata de ciudadanos reclamando derechos, se responden automáticamente negándolos. Primero porque se cree que quien eleva un DP no busca un arreglo directo, sino cumplir un requisito antes de demandar; y segundo porque quien abusa no va a dejar de hacerlo porque la moral, las buenas prácticas o la ética se lo ordene, sino que aspira –por otros medios- a inclinar los fallos judiciales a su favor.
Se desdibujó de esa manera el útil mecanismo del arreglo directo con lo cual se sobrecargan aún las súper y el aparato judicial.
Por eso escribí la semana anterior para acabar con tanta farsa: “Como dejan la solución de cualquier asunto en manos de la justicia, y esta exige que se haya agotado la etapa de arreglo directo ¿qué tal si para agilizar esa etapa, se le pide al peticionario que adjunte la comunicación para la firma del funcionario, en la que se niegue él mismo la petición?"
Ing. Electrónico, MBA
movilyances@gmail.com
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