A los pensionados de la Rama Judicial y del Congreso nos estigmatizaron porque nos trataron y seguirán tratándonos como parias. El Gobierno y buena parte de los medios de comunicación –sobre todo los que pertenecen a los mismos dueños de los fondos de pensiones– orquestaron la campaña para que la Corte Constitucional (CC) profiriera, bajo presión y con jugosos halagos contractuales a un conjuez, la sentencia que nos desconoció un derecho adquirido garantizado por la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia.
Un Acto Legislativo clarísimo dispuso que el tope de los 25 salarios mínimos se aplicara solamente a los pensionados del 2010 en adelante, y no de manera retroactiva. Violar dicho mandato, en cualquier otro país del mundo, hubiera sido un prevaricato. En Colombia fue “un fallo histórico”. Los abusos en las liquidaciones y los carruseles tenían solución llenando los vacíos legales olvidados por el Congreso y las Cortes. Pero a la potente vocación por el espectáculo le había llegado el turno de una sentencia judicial sin ahorro de mañas y falacias.
Así, quienes vivimos de nuestra pensión, pues nunca hicimos cobros clandestinos por seleccionar tutelas, ni por fallarlas, ni explotamos económicamente una derrota burocrática (como un ex candidato a Fiscal merced a los nobles réditos del antiterrorismo), ni teníamos a nuestras esposas y hermanas en otra nómina oficial, vimos mermado nuestro modus vivendi. En cambio, el magistrado Jorge Pretelt, su cónyuge y su fratela devengan, juntitos, tres veces el monto de una de las llamadas megapensiones. Contra esa cuota de ternura presupuestal no hay ni se perfila un fallo histórico.
El jefe del Gobierno, con su sigiloso andar de pastorcito taimado, tiene listo otro zarpazo a las pensiones: ya alzó la zanahoria de una rebaja del 8% en el aporte a la salud deducido de las mesadas para gravarlas con el 30% en renta. Un 22% de desventaja que apretará mejor el nudo entre política y negocios. Despojar con saña a los jubilados más viejos se convirtió en una técnica para la sostenibilidad fiscal que el doctor Mauricio Cárdenas no aplicó, siendo ministro de Transporte, cuando firmó su acuerdo con Dragacol.
Ahora, con otra avanzada del mismo contubernio entre los magnates interesados en la plata de las pensiones y sus subalternos de la radio, la televisión y la prensa, nos caerá encima el mal pronóstico de la Tercera Vía contra el derecho mútilo de vivir decorosamente después de haber cotizado durante años con ese objetivo.
PERDIGÓN. Que Minhacienda nos cuente si los directores de medios con ingresos que bordean los cien millones de pesos al mes declaran lo que se ganan.
*Columnista
MALECÓN
carvibus@yahoo.es
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