La Corte Constitucional, en fallo trascendental, declaró exequible el marco jurídico para la paz, paso cierto hacia el fin del largo conflicto armado interno que no ha podido solucionarse con la represión militar.
Darle cabida a medidas de justicia transicional nos permite ser optimistas en cuanto a que la exigencia de algunos extremistas de que los guerrilleros firmaran la paz para ir a la cárcel a purgar largas penas carecía de sentido realista. Que se sepa, con excepción de los vencidos en las guerras internacionales, los rebeldes en conflictos internos no han sido sometidos jamás a tal tratamiento. Primó en esos casos la solución política por encima de la concepción represiva o vengativa.
La Corte Constitucional de Colombia actuó dentro de ese marco conceptual.
Puso los intereses de paz del país sobre otras consideraciones.
Como lo planteaban algunos insensatos, nuestra paz no podía depender de lo que nos señalaran organismos internacionales, que excluía cualquier soberanía en relación con el derecho a la paz del pueblo colombiano.
Con todo, así la CC abriera un camino legal promisorio, era necesario plantear la intervención del pueblo dentro del proceso de paz. En numerosos artículos de prensa y en mi libro
Para pactar la paz, ¿hacia una ley de punto final?, propusimos esa intervención pero a través de una consulta nacional popular: una facultad de convocatoria del presidente de la República para someter asuntos de trascendencia nacional a sus gobernados. El Gobierno optó por el referendo, un mecanismo también de democracia participativa con poder vinculante, y no podrá ser despreciado por gobiernos ni autoridades judiciales extranjeras, en nuestra opinión.
Las FARC no pueden esgrimir argumento válido alguno para oponerse al referendo planteado por el Gobierno. Deben actuar con visión de futuro para mejorar su imagen nacional e internacional, y para que la sociedad colombiana los acepte finalmente como interlocutores políticos dentro del proceso de refrendación de los acuerdos de paz, sobre los cuales habrá de hacerse una intensa pedagogía ante el pueblo elector para obtener su aprobación.
El momento político y social de Colombia exige como nunca pactar la paz, pero para asumir la responsabilidad de realizar cambios de envergadura y de aplicar políticas claras de equidad con sectores de nuestra sociedad, entre los cuales están nuestros campesinos, víctimas en verdad de frustraciones crecientes en sus anhelos de reivindicación social y económica.
Ojalá el radar político de la Casa de Nariño captara la dimensión de la protesta social y que el Gobierno lance nuevas políticas que generen credibilidad y confianza.
*Ex congresista, ex ministro
xedmundolopezg@hotmail.com
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