Nos prometieron “la paz” y la tal paz no aparece por ningún lado. Por un lado, porque el pacto con las Farc contiene un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico y la historia de Colombia muestra que el narcotráfico es el motor del conflicto y la gasolina de la violencia. Entre más alto es el número de hectáreas de narcocultivos, mayor es el ingreso y el poder de los grupos criminales involucrados en el negocio y, por tanto, mayor es su capacidad de delinquir y de matar. Por el otro, porque en paralelo el gobierno de Santos no ha hecho otra cosa que afectar de manera negativa la capacidad de acción de la fuerza pública.
Los incentivos perversos al narcotráfico empezaron durante la negociación. Primero, y por solicitud de las Farc, el Gobierno suspendió la fumigación aérea. El argumento de que la Agencia Contra el Cáncer de la OMS dijo que el glifosato “podría” generar linfoma de No Hodgkins es falaz. No es curioso que se haya alegado el informe de la Agencia para suspender la fumigación área: el informe es solo una excusa para enmascarar una decisión política, la de no atacar los cultivos ilícitos y complacer a las Farc. En consecuencia, después de suspender la fumigación, paró toda erradicación forzada.
En el desarrollo del pacto, Santos ha creado nuevos incentivos. Primero, no ha exigido a las Farc entregar la información indispensable sobre rutas, laboratorios, pistas, cultivos y socios de su actividad como narcotraficantes. Después, porque ha ‘montado’ una enorme operación de lavado de activos, a través del decreto 903, que permite la legalización de la fortuna criminal de las Farc y ponerla a su disposición para la realización de sus actividades políticas y económicas después de su desmovilización. Finalmente, proponiendo ahora la legalización definitiva de la coca por vía de autorizar los cultivos de hasta 3,8 hectáreas.
En esas condiciones, tenemos la mayor cantidad de narcocultivos de nuestra historia. Y aunque resulta sorprendente que el mar de coca en que ya estamos sumergidos no sea aún mayor, no sorprende que los grupos criminales vinculados al narcotráfico, “disidencias” de las Farc, Eln y bandas criminales, sean cada vez más y más poderosas. Ni que el microtráfico y el consumo de drogas estén disparados.
Para luchar contra semejante tragedia, deberíamos tener una fuerza pública fuerte y efectiva. En cambio, Santos no ha hecho nada distinto que golpearla una y otra vez. En las fuerzas militares y la Policía hay fisuras entre el mando y el resto de la institución, se les recortó el presupuesto, les disminuyeron la capacidad operativa y se les desmanteló buena parte de la inteligencia. Para rematar, no tienen moral de combate y están muertos del miedo de que los lleven a la infame JEP.
Hay que revertir semejante situación, recuperar el liderazgo efectivo del comandante de las fuerzas armadas, el presidente de la República, cerrar las fisuras y recuperar un mando creíble y legítimo en el generalato.
Comentarios ()