Ha sido el más grande de los desafíos para los gobiernos en todos los tiempos y en todos los países del mundo que han sufrido la guerra.
Cuando median negociaciones y no el sometimiento incondicional por haber sido vencidos, los alzados en armas tienen expectativas que se convierten en derechos al firmar un acuerdo o tratado de paz.
El marco de los derechos, sin embargo, ha sido reducido por convenciones internacionales, limitando principios como los de soberanía nacional y la libre determinación de los pueblos. Dentro de ese ámbito se han adelantado los procesos de paz en Colombia, en cuanto los convenios sobre derechos humanos y el Tratado de Roma rigen para nuestra nación.
Con todo, de aplicarse rigurosamente este último tratado, las puertas de la paz estarían cerradas para los colombianos, tanto más cuanto, como lo hizo trascender el presidente Santos ante el cuerpo diplomático acreditado en Bogotá, las Farc se sentaron a negociar en La Habana convencidos de que no pagarán un sólo día de cárcel, tal como ocurrió en procesos de paz en otras partes del mundo, expectativa avalada por el propio Gobierno colombiano, si no interpretamos mal al Jefe de Estado.
Dijo también el presidente Santos a los embajadores que dentro de ese marco Colombia no podía decretar indultos ni amnistías, pero agregó que solo la comunidad internacional podría legitimar el proceso de paz, con cuya afirmación nuestro Presidente estaría pensando en que los rigores de las exigencias de las normas internacionales tuvieran una interpretación compatible con el contenido de los acuerdos de paz que se llegaren a firmar con las Farc en justicia transicional, para que las sanciones con cárcel sean sustituidas por otras que no tengan que ver con perder la libertad.
Hay quienes piensan, por ejemplo, y yo soy de esa corriente de opinión, que es más importante exigirles a las Farc la plena reparación de los perjuicios a sus víctimas, que ver a Timochenko entre rejas, o bajo tierra como el líder de Sendero Luminoso en el Perú.
Pero, ¿cómo plantear asuntos así ante la comunidad internacional? Se nos ocurre que países como Francia o Inglaterra o el que tuviere a bien escoger nuestro Gobierno, podría propiciar una audiencia especial en la Corte Penal Internacional de Justicia para examinar el gran tema del derecho a la paz de los colombianos, el cual no puede sucumbir bajo el peso de una interpretación rígida del Tratado de Roma; interpretación que podría modularse por quienes lo aplican, para que la paz deje de ser un sueño y sea una realidad viviente.
Lo propongo cuando ya ascendí 90 escaños en la escalera de la vida.
*Excongresista, exministro, exembajador.
edmundolopezg@hotmail.com
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